La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), que agrupa diversas cámaras de empresarios de las provincias, advirtió que el sistema de transporte público en el interior del país atraviesa una "crisis terminal" y solicitó al Gobierno nacional la liberación urgente de fondos correspondientes a los Atributos Sociales SUBE y comisiones adeudadas entre enero y marzo de 2026.

En una nota dirigida a la Secretaría de Transporte, la entidad señaló que la situación ha escalado a un nivel de "parálisis operativa inminente", con empresas que enfrentan serias dificultades para sostener el servicio y cumplir con sus obligaciones básicas.

RECLAMO POR DESIGUALDAD EN LA DISTRIBUCIÓN

Uno de los ejes centrales del planteo es la distribución de recursos. FATAP sostuvo que existe un esquema que perjudica al interior del país, ya que los aportes provenientes del impuesto a los combustibles no retornan en la misma proporción a las provincias.

Según indicaron, esta situación genera un desbalance que termina financiando el sistema del Área Metropolitana de Buenos Aires, mientras en las ciudades del interior las tarifas aumentan sin lograr cubrir los costos operativos.

COSTOS EN ALZA Y SALARIOS EN RIESGO

El incremento del precio del gasoil y las subas salariales profundizaron el desfasaje económico del sector. De acuerdo al documento, el combustible se convirtió en el principal componente de costos, superando incluso al rubro salarial.

La entidad alertó que el 80% de las empresas tiene dificultades para afrontar el pago de sueldos, lo que abre un escenario de conflicto laboral y pone en riesgo la continuidad del servicio en distintas jurisdicciones.

MENOS FRECUENCIAS Y SERVICIO DETERIORADO

Como consecuencia directa de la falta de recursos, las empresas comenzaron a reducir prestaciones. Se registran caídas de entre el 30% y el 40% en las frecuencias fuera de los horarios pico en varias capitales del interior.

Desde FATAP sostienen que no existe margen para optimizar el sistema en las condiciones actuales, con déficits mensuales que rondan los 950 millones de pesos por jurisdicción y costos de combustible que duplican los valores reconocidos oficialmente.

PEDIDO URGENTE AL GOBIERNO NACIONAL

Ante este escenario, la federación solicitó la transferencia inmediata de los fondos adeudados y la apertura de una mesa de diálogo para redefinir el esquema de distribución de recursos.

Advirtieron que, de no resolverse la situación, el transporte público en el interior podría sufrir una interrupción progresiva, afectando directamente a millones de usuarios que dependen del servicio para su movilidad cotidiana.