El fiscal Amad apunta a una coautoría de Capitanich, Soneira y otros acusados
El funcionario judicial ratificó que es un argumento inaceptable que el (ex) gobernador no haya conocido que la persona a la que se le adjudicaban 3.600 hectáreas fiscales era esposo de la ministra. Pidió además respeto por el tiempo procesal necesario para que el juez defina si acepta, o no, su planteo.
En una entrevista con Diario Chaco , el fiscal federal Carlos Amad dio detalles del trabajo realizado en etapa de investigación para solicitar el procesamiento del exgobernador Jorge Capitanich y de la exministra Marta Soneira, además de otras personas, en el marco de la causa que busca dilucidar presuntas irregularidades en la cesión de tierras fiscales.
Según explicó, el pedido alcanza también a otros involucrados, entre ellos el esposo de Soneira y socios vinculados, a quienes se les atribuye participación en una maniobra conjunta. "Hemos solicitado al juez el dictado de procesamiento para una serie de personas, mientras que para otras se requirió falta de mérito y sobreseimiento por no tener vinculación con el hecho", precisó. "Entiendo la ansiedad de los medios de comunicación, pero también debe respetarse el tiempo procesal necesario para que el juez, con las documentaciones probatorias adjuntadas, decida si acepta o no nuestro pedido".
ROLES Y PRUEBAS
Amad sostuvo que, en esta etapa de la investigación, lograron determinar el rol específico de cada imputado. "Se trata de personas que tenían vínculos entre sí, ya sea de sociedad, parentesco o amistad. Todos cumplían una función dentro de una maniobra con un fin común", afirmó, y agregó que los funcionarios investigados "no podían desconocer" esas relaciones en el contexto de las decisiones administrativas adoptadas.
En este sentido, el fiscal puntualizó que siendo uno de los beneficiarios de estas entregas el esposo de la ministra, "es inaceptable que esa relación sea desconocida por el gobernador, dada la cercanía además con esa funcionaria".
En cuanto a las pruebas, el fiscal remarcó el peso de la documentación oficial. "Los decretos publicados en el Boletín Oficial, los expedientes administrativos, permisos provisorios y registros de empresas son elementos clave", detalló. A esto se suman testimonios de trabajadores del organismo de tierras, que aportaron información sobre el trámite interno de los expedientes.
Uno de los puntos centrales de la causa es la adjudicación de unas 3.600 hectáreas de tierras fiscales. Amad explicó que se trata de una extensión significativa y buscó dimensionarla: "Una hectárea equivale a una manzana, es decir un cuadrado de 100 por 100 metros. A estos beneficiarios se les otorgaron aproximadamente 3.600 manzanas", indicó.
"TODOS SON COAUTORES"
Respecto a las responsabilidades encontradas en la investigación, Amad fue categórico: "Todas estas personas son coautores de la maniobra. Cada uno tuvo un rol, pero con un objetivo común". En esa línea, consideró que el caso evidencia la existencia de una "estructura organizada", aunque aclaró que no se aplica la figura de asociación ilícita porque el delito investigado ya contempla agravantes por la participación de múltiples personas y funcionarios públicos.
La causa se encuentra ahora en etapa de definición judicial. El juez federal ya corrió vista a las partes —querellantes y defensas— y deberá resolver si hace lugar o no al pedido de procesamiento. "No hay un plazo establecido, es una causa compleja, con muchos imputados y abundante prueba", explicó Amad.
CRITICAS DE CAPITANICH
Consultado sobre las críticas públicas que hiciera el exgobernador y actual senador de Jorge Capitanich sobre su acusación, el fiscal evitó polemizar: "Con los imputados no discuto en los medios, sino en el expediente. Las descalificaciones forman parte de una estrategia de defensa para desacreditar la investigación", sostuvo.
Finalmente, Amad advirtió sobre falencias en los mecanismos de adjudicación de tierras fiscales y planteó la necesidad de reformas. "El procedimiento tiene debilidades, especialmente en los controles posteriores. Las tierras deben ser trabajadas por quienes las reciben y el Estado debe verificar de manera exhaustiva que eso se cumpla", concluyó.