"No sé qué cuenta hacen": el dueño de Manaos estalló contra los jueces de la Corte
Tras la sentencia de la Suprema Corte en Mendoza, la empresa deberá abonar más de $ 800 millones a un ex empleado. El propietario de la firma, Orlando Canido, obligado ahora al pago, expuso con dureza la lógica judicial para definir esa deuda.
La extensa batalla judicial entre la empresa "Refres Now", fabricante de la gaseosa Manaos, y un ex empleado se cerró con el fallo que la obliga a pagar más de $800 millones en concepto de indemnización. La decisión, adoptada por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, cerró un proceso que se prolongó durante años y que recorrió distintas instancias.
El caso tuvo su origen en el reclamo de un trabajador que se desempeñó como distribuidor en Mendoza, San Juan y La Pampa entre 2013 y 2022. Según la demanda, la relación laboral estuvo atravesada por irregularidades, incluyendo registración tardía, descuentos indebidos y presuntas maniobras de evasión previsional.
El ex empleado sostuvo que su vínculo con la compañía recién fue formalizado en 2015, pese a haber comenzado a trabajar dos años antes. También denunció la utilización de contratos y acuerdos que no reflejaban la verdadera naturaleza de la relación laboral, lo que derivó en perjuicios económicos acumulados a lo largo del tiempo.
En primera instancia, la Cámara Segunda del Trabajo de San Rafael había fijado una indemnización cercana a los $1.500 millones. Esa cifra incluía tanto el capital como los intereses y costas del proceso, lo que generó un fuerte impacto por el volumen del monto en discusión.
Sin embargo, tras la apelación de la empresa, la Suprema Corte mendocina revisó parcialmente la sentencia. El máximo tribunal redujo el cálculo de los intereses y estableció un monto final de $ 807.676.293,72. Esta cifra, además, continúa generando intereses hasta su efectivo pago.
La resolución confirmó la responsabilidad de la empresa por despido sin causa y por irregularidades en la relación laboral. A la vez, fijó un plazo de cinco días hábiles para que la compañía cumpla con el pago, luego de rechazar el último recurso presentado por la firma. En ese contexto, el dueño de Manaos, Orlando Canido, expresó un fuerte desacuerdo con el fallo. El empresario cuestionó el monto de la indemnización y puso en duda los criterios utilizados para llegar a esa cifra, en declaraciones que reflejan el malestar del sector frente a este tipo de decisiones judiciales.
"No sé qué cuenta hacen para llegar a esas cifras", sostuvo el titular de la empresa, en referencia al monto millonario fijado por la Justicia. Su planteo se suma a otras críticas en las que calificó la indemnización como desproporcionada en relación con la duración del vínculo laboral.
El empresario también advirtió sobre el impacto que fallos de este tipo podrían tener en el mercado laboral. En ese sentido, consideró que decisiones judiciales de esta magnitud podrían desalentar la contratación de personal, en un contexto donde la litigiosidad laboral es permanente motivo de debate; lo que muchos incluso definen como "la industria del juicio".
El caso incluyó denuncias por fraude laboral, disputas por el cálculo de indemnizaciones y recursos judiciales en distintas instancias. Así, se convirtió en un ejemplo emblemático de las tensiones entre empresas y trabajadores. La resolución final, junto con la reacción del dueño de Manaos, reavivó la discusión sobre los criterios de la Justicia laboral y el alcance de las indemnizaciones en la Argentina.
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