El Gobierno denunciará al juez que frenó la reforma laboral
Apuntan contra el magistrado Raúl Ojeda y evalúan acciones judiciales por su intervención en la causa.
El Gobierno avanza con una serie de denuncias contra el juez Raúl Ojeda, quien frenó parte de la reforma laboral al otorgar una medida cautelar a la CGT, y anticipó que las presentaciones se harán públicas a medida que queden formalizadas.
Según indicaron desde el Ejecutivo, la decisión es avanzar "a través de diferentes vías" en el marco de un expediente que ya suma otros frentes judiciales. En paralelo, el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos presentó una denuncia penal contra el magistrado por presunto abuso de autoridad.
La ofensiva oficial no se limita únicamente a la cautelar que suspendió parte de la reforma, sino también a una resolución posterior del juez vinculada a la representación del Estado en la causa. Ojeda cuestionó la intervención del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y de los subprocuradores Santiago Castro Videla y Julio Pablo Comadira, al considerar que no estaban matriculados para actuar en el expediente.
Desde la Casa Rosada rechazaron ese criterio y sostuvieron que la representación del Estado se encuentra respaldada por el cargo y el régimen legal de la Procuración del Tesoro. En ese sentido, afirmaron que la medida afectó su "derecho de defensa".
El conflicto se da en un contexto en el que el Gobierno ya había activado una estrategia para trasladar la causa fuera del fuero laboral. A través de un recurso de per saltum, planteó una inhibitoria ante el fuero contencioso administrativo federal, que fue aceptada el 10 de abril por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12.
En el oficialismo interpretan que la decisión de Ojeda profundizó la disputa, al mantener su intervención en un expediente que el Estado buscaba trasladar y al cuestionar la conformación de su defensa en una causa considerada de "alta sensibilidad política y jurídica".
Mientras tanto, el Ejecutivo evalúa distintas alternativas, que incluyen presentaciones ante el Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema y la vía penal, además de otras acciones que se mantienen bajo reserva.