Nación envió al Congreso un proyecto para reformar la Ley de Discapacidad
La iniciativa propone reempadronar beneficiarios, endurecer controles, limitar la compatibilidad con el empleo y modificar el esquema de financiamiento y prestaciones.
El Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley que propone cambios de fondo en el sistema de pensiones por invalidez, con nuevas condiciones de acceso, mayores controles y modificaciones en el esquema de prestaciones. La iniciativa, titulada "Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez", ingresa en un contexto de tensión política y cuestionamientos en torno a la política oficial en materia de discapacidad.
El texto plantea, entre sus ejes centrales, la derogación de los artículos 5, 8, 9, 14 y 20 de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N° 27.793. "Buena parte de estos aplicaba a la universalidad de la ayuda y retrotrae todo al modelo previo a la sanción de la Emergencia". En ese sentido, la propuesta implica un cambio de criterio respecto de la normativa vigente, que en los últimos años había ampliado el alcance de los beneficiarios.
Uno de los puntos principales es la implementación de un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones no contributivas por invalidez. Según el proyecto, deberán volver a acreditar su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales. "Aquellos que no lo hagan sufrirán una suspensión automática de la pensión y la pérdida del beneficio".
El sistema también incorpora nuevos mecanismos de control mediante el cruce de datos entre organismos públicos como ANSES, ARCA y SINTyS. Ante inconsistencias detectadas, se habilita la suspensión "preventiva" del beneficio, con la posibilidad de ejercer defensa dentro del proceso administrativo.
En cuanto al monto, la iniciativa fija la pensión en el 70% del haber mínimo jubilatorio, pero elimina la facultad del Poder Ejecutivo para otorgar adicionales vinculados a invalidez laboral o zonas geográficas desfavorables.
Otro de los cambios relevantes se vincula con el empleo. El proyecto establece la "incompatibilidad absoluta" entre la percepción de la pensión y cualquier trabajo formal o inscripción en regímenes laborales. "Elimina la posibilidad de que una persona con discapacidad acceda a un trabajo registrado y mantenga el beneficio, endureciendo una de las condiciones". Además, suprime incentivos destinados a organizaciones que promovían la inclusión laboral de personas con discapacidad.
El proyecto también redefine los criterios de acceso, volviendo a un enfoque centrado en la invalidez laboral en lugar de una concepción más amplia de discapacidad. En esa línea, refuerza los controles sobre la acreditación de la incapacidad y establece que "el incumplimiento de los plazos y requisitos del reempadronamiento dará lugar a la suspensión y posterior baja del beneficio".
Por último, se define un esquema de actualización de prestaciones atado a la evolución del haber mínimo jubilatorio y prevé ajustes trimestrales o por inflación en caso de demoras, además de una compensación de emergencia vinculada al índice de precios para los prestadores.