El Gobierno pidió a la Corte intervenir por la suspensión de la reforma laboral
La Procuración presentó un per saltum para que el máximo tribunal revierta la cautelar que frenó artículos clave de la Ley 27.802 y restituya su vigencia.
La Procuración del Tesoro de la Nación presentó ante la Corte Suprema de Justicia un recurso extraordinario federal de per saltum para que el máximo tribunal intervenga de manera directa en la causa vinculada a la Ley 27.802 de Modernización Laboral, sin esperar una resolución de segunda instancia.
El planteo, impulsado por el cuerpo de abogados del Estado en representación de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, apunta a que la Corte revise el fallo del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, que el pasado 30 de marzo suspendió la aplicación de 83 artículos de la norma.
En su presentación, la Procuración solicitó que se declare admisible el recurso y que se suspendan los efectos de la medida cautelar dictada en primera instancia hasta que el máximo tribunal adopte una decisión definitiva. Además, pidió que se revoque la sentencia por considerar que fue emitida por un juez incompetente y en un proceso donde no existiría un caso judicial concreto ni legitimación activa suficiente.
La causa se originó a partir de una acción presentada por la CGT, que solicitó la inconstitucionalidad y la suspensión de diversos artículos de la ley por entender que vulneran derechos laborales y garantías constitucionales, como la protección del trabajo, la libertad sindical y el acceso a la Justicia. El juez Raúl Horacio Ojeda hizo lugar a ese planteo y dispuso la suspensión con alcance general.
Frente a esto, la Procuración sostuvo que la central obrera no acreditó un perjuicio concreto ni un acto específico que justifique su reclamo, y cuestionó su capacidad para representar a la totalidad de los trabajadores del país. También remarcó que la causa corresponde a la órbita federal, dado que el Estado Nacional es parte y los efectos de la decisión se extienden a todo el territorio.
En ese sentido, advirtió que la situación reviste "gravedad institucional", al considerar que la suspensión general de una ley nacional por parte de un tribunal de primera instancia afecta la división de poderes y genera incertidumbre jurídica. Por ello, insistió en que la única vía eficaz es la intervención urgente de la Corte Suprema para restituir la plena vigencia de la ley mientras se resuelve el fondo del conflicto.