Caso Cupón PBI: la Justicia británica dispuso congelar activos de la Argentina
La decisión es preventiva y se mantendrá hasta la audiencia del 21 de abril, mientras la Argentina busca revertir el fallo por el caso Cupón PBI.
La Corte de Londres dispuso que el banco Lloyds congele de manera preventiva los activos soberanos de la Argentina hasta la audiencia fijada para el martes 21 de abril. La medida se enmarca en la causa vinculada a la manipulación de las estadísticas del INDEC durante el kirchnerismo, que derivó en una condena contra el país.
Por el momento, no se precisó qué bienes o cuentas podrían estar alcanzados por la orden. En ese marco, desde la Procuración del Tesoro señalaron que la Argentina presentará un pedido para dejar sin efecto la resolución y afirmaron que el país no cuenta con activos en el Reino Unido, más allá de cuentas y bienes diplomáticos, los cuales no pueden ser objeto de embargo.
La medida judicial se vincula con la causa conocida como "Cupón PBI", en la que la Argentina fue condenada a pagar US$ 1800 millones. Hasta ahora, el país abonó cerca de US$ 300 millones en concepto de garantía para poder apelar el fallo de primera instancia, que luego fue confirmado. La Corte Suprema británica rechazó tomar el caso, lo que dejó firme la sentencia.
Sin embargo, la deuda aún no fue saldada, lo que llevó a los demandantes a avanzar con acciones para ejecutar el cobro. En ese marco, en febrero la Justicia londinense ya había ordenado al país que proporcionara información sobre cuentas bancarias internacionales, deudas con acreedores y contratos vinculados a concesiones de perforación offshore, energía y exploración.
En marzo, los fondos beneficiarios del fallo, liderados por Palladian Partners, impulsaron una nueva demanda para ampliar el alcance de la sentencia. Sostienen que, si se recalculara el crecimiento económico con la fórmula original, la Argentina debería haber abonado intereses correspondientes a los Cupones PBI en 2017, 2021 y 2022. En base a ese criterio, reclaman unos 1600 millones de euros adicionales.
El origen del litigio se remonta a cambios en la metodología de cálculo del Producto Bruto Interno. Los bonos atados al crecimiento económico establecían pagos en función de determinados niveles de expansión. Según los demandantes, la Argentina dejó de publicar el dato del último trimestre de 2013, modificó la fórmula de cálculo y fijó el crecimiento anual en 3,2%, por debajo del 3,3% requerido para activar el pago.
Los acreedores sostienen que, sin ese cambio, el país habría tenido que cumplir con los pagos entre 2014 y 2018, además de los años 2021 y 2022.
El caso presenta además un frente judicial en Estados Unidos, donde la causa continúa en trámite. En el Reino Unido, en cambio, ya cuenta con una resolución firme en contra de la Argentina.