Declaran dos mujeres que le prestaron dinero a Adorni para comprar un departamento
La fiscalía busca reconstruir el origen de esos fondos y verificar si las operaciones se corresponden con la capacidad económica declarada.
La Justicia avanzará esta semana con una serie de declaraciones testimoniales que podrían marcar un punto de inflexión en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Este lunes, poco antes de las 9, se presentaron en los tribunales de Comodoro Py dos mujeres que figuran como acreedoras en operaciones vinculadas a la compra de inmuebles del funcionario. Otras dos testigos deberán declarar el miércoles.
La fiscalía busca reconstruir el origen de los fondos involucrados y determinar si las operaciones se corresponden con la capacidad económica declarada por las partes.
Las primeras en declarar fueron una prestamista y su hija, ambas integrantes de la Policía, quienes aparecen en el expediente como otorgantes de un crédito en dólares por US$ 100.000 al funcionario, respaldado con una hipoteca sobre un departamento en el barrio porteño de Parque Chacabuco.
El Ministerio Público intenta establecer si ese préstamo, que habría sido pactado con una tasa de interés y un esquema de pagos, guarda relación con la situación patrimonial de quienes lo otorgaron.
Para ello, se dispuso el levantamiento del secreto fiscal y se requirió información a distintos organismos, con el objetivo de verificar la capacidad económica real de las acreedoras y la trazabilidad del dinero.
Las testigos debieron presentarse con documentación respaldatoria, en una instancia considerada clave para validar o descartar la hipótesis investigativa.
El miércoles será el turno de otras dos mujeres: las vendedoras de un departamento en Caballito adquirido por Adorni, quienes además quedaron como acreedoras de una hipoteca.
Según consta en la causa, la operación incluyó un pago inicial de US$ 30.000 y un saldo de US$ 200.000 a cancelar en el plazo de un año, sin intereses, un esquema que despertó sospechas en la fiscalía.
En este caso también se ordenó el levantamiento del secreto fiscal y se solicitó información detallada sobre su situación económica. Además, deberán facilitar el acceso al contenido de sus teléfonos celulares para analizar posibles comunicaciones vinculadas a la operación.