Ley de Glaciares: los puntos centrales de la reforma aprobada en el Congreso
La nueva norma redefine la protección de glaciares y zonas periglaciares, otorga mayor poder a las provincias y habilita evaluaciones caso por caso para actividades productivas en áreas antes restringidas.
La Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones, tras un debate que se extendió por casi 12 horas. La iniciativa, que ya contaba con media sanción del Senado, fue girada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
La modificación introduce cambios en el alcance de la protección ambiental. A diferencia del esquema vigente desde 2010, que resguardaba de forma amplia a glaciares y zonas periglaciares, la nueva norma limita esa protección a aquellos que cumplan una "función hídrica comprobada o relevante". Esto implica que solo determinadas áreas estratégicas quedarán bajo resguardo estricto.
El nuevo marco también otorga mayor protagonismo a las provincias, que pasarán a definir los criterios de protección y las evaluaciones de impacto ambiental. De este modo, se reemplaza el esquema de prohibiciones generales por un sistema de autorizaciones caso por caso, lo que abre la posibilidad de habilitar actividades productivas, incluida la minería, en zonas previamente restringidas.
En ese contexto, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) deja de tener un rol central en la definición científica de las áreas protegidas y pasa a cumplir una función principalmente registral. El inventario nacional seguirá siendo de consulta obligatoria, aunque sin limitar las decisiones provinciales.
Otro de los cambios relevantes es la aplicación del principio precautorio de manera transitoria. Todas las áreas incluidas en el inventario permanecerán protegidas hasta que la autoridad ambiental determine si cumplen o no funciones hídricas. En caso contrario, podrán quedar fuera del régimen específico de la ley.
El Gobierno nacional defendió la reforma al señalar que aporta "seguridad jurídica" y fortalece el federalismo, al devolver a las provincias el control sobre sus recursos naturales. Además, vinculó el cambio con demandas históricas de distritos con desarrollo minero.
Desde sectores de la oposición y organizaciones ambientales, en tanto, advirtieron que la flexibilización de los criterios podría afectar reservas estratégicas de agua dulce. La norma original de 2010 consideraba a los glaciares y su entorno como bienes públicos esenciales para el abastecimiento de agua, la biodiversidad y la regulación de cuencas, bajo un esquema de protección más amplio.