El Gobierno enviará al Congreso una nueva Ley de Salud Mental
El proyecto propone actualizar la normativa vigente desde 2010, con cambios en criterios de intervención y fortalecimiento del sistema de atención.
El Gobierno nacional anunció que remitirá al Congreso un nuevo proyecto de Ley de Salud Mental, con el objetivo de introducir modificaciones al marco normativo vigente desde 2010. La iniciativa fue confirmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de sus redes sociales.
Desde el Ministerio de Salud, que encabeza Mario Lugones, señalaron que la propuesta apunta a una "actualización" de la normativa actual para "mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario". En ese sentido, explicaron que el texto busca "proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran adecuado encuadre, y superar limitaciones para abordar casos de riesgo y emergencia".
El proyecto se elaboró a partir de un relevamiento que incluyó testimonios de familiares, pacientes, profesionales de la salud mental y también actores del ámbito judicial y legislativo, con el fin de identificar dificultades en la aplicación cotidiana de la ley.
Entre los principales problemas detectados, se destaca que solo 16 de las 23 jurisdicciones adhirieron formalmente a la normativa vigente y que existen apenas 18 hospitales generales con servicios de salud mental en el país.
En cuanto a los cambios propuestos, desde la cartera sanitaria consideraron que el concepto de "padecimiento mental" resulta "ambiguo" y "demasiado amplio", lo que —según indicaron— dificulta los diagnósticos y retrasa intervenciones. Por ello, plantean adoptar la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y sucesivas), incorporando la noción de trastornos mentales o del comportamiento "para lograr mayor precisión".
Asimismo, el proyecto propone reemplazar el criterio actual por el de "situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros", con el objetivo de habilitar "intervenciones más oportunas y preventivas".
En relación a las internaciones, se mantendrán como un "recurso excepcional", aunque el Gobierno remarca que son "necesarias" en determinados casos. En ese marco, se contempla que los psiquiatras puedan indicar una "internación involuntaria", que deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario. Además, se propone extender de 10 a 24 horas el plazo de notificación a la Justicia.
También se prevé que, en situaciones de internación voluntaria, si el paciente solicita el alta, se evalúe su capacidad y, en caso de estar comprometida, la internación pueda convertirse en involuntaria con intervención judicial.
Otro de los puntos centrales de la iniciativa es el fortalecimiento de la red de atención en salud mental, con la incorporación de hospitales especializados, en contraste con el esquema vigente que promueve el cierre de instituciones psiquiátricas. Actualmente, el país cuenta con 30 establecimientos públicos monovalentes y al menos 139 privados.
Por último, el proyecto propone ampliar la participación del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión, sumando áreas técnicas como la Dirección Nacional de Salud Mental, Habilitación y Fiscalización y SEDRONAR. La iniciativa será enviada al Congreso en los próximos días y abrirá el debate sobre el alcance y los cambios en la política de salud mental en la Argentina.