El Gobierno apelará el fallo que ordenó que se aplique financiamiento universitario
El Ejecutivo avanzará en la vía judicial y aplicará la ley por etapas, mientras busca evitar un mayor impacto en el gasto y reformar el esquema vigente.
El Gobierno nacional apelará la decisión judicial que ratificó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó actualizar salarios docentes y no docentes, recomponer becas y garantizar partidas para investigación. Mientras los equipos jurídicos avanzan con la estrategia en tribunales, el Ejecutivo también analiza una salida administrativa para cumplir parcialmente con la resolución.
La medida fue confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que dejó firme la cautelar sobre la ley 27.795, promulgada el 21 de octubre de 2025 tras la insistencia del Congreso. Frente a este escenario, la Casa Rosada presentará un recurso extraordinario federal ante la misma Cámara. En caso de rechazo, prevé llevar el caso a la Corte Suprema mediante un recurso de queja.
En paralelo, el oficialismo proyecta aplicar la norma de manera escalonada. Según fuentes gubernamentales, la intención es avanzar con transferencias mensuales para cumplir con la manda judicial, pero sin incorporar de forma inmediata el impacto total en el presupuesto anual.
Desde el entorno presidencial reconocen que el objetivo es cubrir las erogaciones mínimas en función de la ejecución mensual, evitando consolidar una expansión permanente del gasto. Esta línea de acción es la que actualmente articulan los equipos jurídicos y presupuestarios del Ejecutivo.
El núcleo del conflicto se centra en los artículos 5 y 6 de la ley, que obligan al Poder Ejecutivo a actualizar los salarios universitarios —docentes y no docentes— desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, en un porcentaje no inferior a la inflación acumulada en ese período. Además, establece la recomposición de los programas de becas estudiantiles según la variación del IPC y contempla partidas específicas para investigación, junto con la posibilidad de realizar adecuaciones presupuestarias para garantizar su cumplimiento.
En el Gobierno sostienen que la implementación plena de la ley implica un fuerte impacto fiscal que buscan administrar de manera gradual. Esa postura ya había sido planteada al momento de la promulgación, cuando el Ejecutivo dictó el decreto 759/2025 con el objetivo de frenar su aplicación hasta definir fuentes de financiamiento. Ese esquema fue ahora objetado por la Justicia.
A mediano plazo, el Ejecutivo también planea impulsar modificaciones a la norma en el Congreso. La intención no es derogarla, sino reemplazar el mecanismo de actualización automática por uno más acotado. Según trascendió, el oficialismo considera que cuenta con los votos necesarios para avanzar en una nueva legislación.
Como antecedente, en la Casa Rosada señalan el caso de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que terminó siendo reglamentada por decreto tras semanas de tensiones judiciales y administrativas. En ese marco, no descartan aplicar un esquema similar para el financiamiento universitario.
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