La Justicia confirmó que Nación debe aplicar la Ley de Financiamiento Universitario
La Cámara Contencioso Administrativo Federal ordenó cumplir la actualización salarial y la recomposición de becas prevista en la Ley 27.795, al considerar que no afecta el interés público.
La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la medida cautelar que ordena al Poder Ejecutivo poner en marcha la Ley de Financiamiento Educativo Universitaria y Recomposición del Salario Docente, al rechazar la apelación presentada por el Gobierno nacional.
El fallo dispone que se cumplan de manera inmediata los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, vinculados a la actualización salarial de docentes y no docentes de universidades públicas para el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2023 y septiembre de 2025, cuando la norma fue sancionada. Además, incluye la recomposición de los programas de becas destinados a estudiantes.
Al fundamentar la decisión, los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán cuestionaron los argumentos del Estado. También remarcaron que el costo fiscal de su implementación es acotado y que no compromete el interés público, a la vez que pusieron el foco en la relevancia constitucional de la educación superior.
La medida había sido dictada en diciembre del año pasado por el juez federal, Enrique Cormick a partir de una acción de amparo impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto a otras entidades del sistema, con el respaldo de más de 40 universidades públicas.
En esa resolución, el magistrado había advertido que el Decreto 759/2025 presentaba indicios de "arbitrariedad e ilegalidad manifiesta". También señaló una "inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico, concreto y específico", en relación con la demora en su ejecución y sus consecuencias sobre el funcionamiento universitario.
Desde el Gobierno, en tanto, calificaron la decisión judicial como "arbitraria" y argumentaron que la ley requiere definir previamente sus fuentes de financiamiento e incorporarlas al Presupuesto. Sostuvieron además que se trata de una atribución del Congreso y no del Poder Judicial, y advirtieron sobre posibles efectos en el equilibrio fiscal, un punto que la Cámara desestimó.