Cuáles son los cambios que propone el Gobierno en la ley de expropiaciones
El proyecto busca restringir nacionalizaciones, fijar criterios más claros de pago y reforzar la protección de la propiedad privada para evitar futuros costos millonarios al Estado.
Tras el fallo que revirtió la sentencia de primera instancia contra la Argentina por la expropiación de YPF, el presidente Javier Milei anunció el envío al Congreso de un proyecto para modificar la ley de expropiaciones y endurecer las condiciones para nacionalizar bienes.
En un mensaje oficial, el mandatario sostuvo que una resolución adversa hubiera implicado un costo de 18.000 millones de dólares para el país y advirtió que un pago de esa magnitud habría sido un obstáculo para la recuperación económica. En ese marco, planteó la necesidad de evitar decisiones que comprometan recursos públicos a futuro.
La iniciativa propone restringir las expropiaciones a situaciones "estrictamente excepcionales" y reforzar la protección de la propiedad privada, con el objetivo de generar previsibilidad e incentivar inversiones. También establece criterios más claros para determinar las indemnizaciones.
Según explicó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el proyecto introduce cambios en la ley 21.499 para precisar los supuestos de expropiación y eliminar ambigüedades. Entre otros puntos, se fija que el valor del bien debe calcularse antes de cualquier alteración derivada del proceso.
El esquema contempla que la indemnización incluya el valor real de mercado y los daños directos, actualizados por el Índice de Precios al Consumidor del Instituto Nacional de Estadística y Censos, más intereses. A la vez, se excluyen factores subjetivos o ganancias potenciales, y se exige la realización de al menos dos valuaciones independientes.
Por último, el proyecto establece que el pago deberá realizarse en efectivo —salvo acuerdo en contrario— y que la transferencia de propiedad solo se concretará una vez abonada la indemnización total. Además, limita las ocupaciones temporales a un máximo de 60 días y las integra a un paquete más amplio de reformas vinculadas a propiedad, tierras y manejo del fuego.
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