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Presentaron dos proyectos de ley que buscan reforzar la prevención del bullying en Chaco

Tras el caso de Fernanda que conmocionó a la comunidad educativa chaqueña, se presentaron estas iniciativas que apuntan a fortalecer la intervención en las escuelas, incorporar sanciones y promover una mayor participación de las familias frente a situaciones de acoso escolar.

Fernanda Almada

El caso de Fernanda Almada, la adolescente que se quitó la vida tras sufrir bullying, conmocionó a la comunidad educativa chaqueña y, en el marco de este caso, se presentaron en la Legislatura chaqueña dos proyectos de ley que apuntan a modificar y reforzar el abordaje del bullying en la provincia.

La iniciativa de la diputada provincial Maida Gabriela With propone crear un Régimen Provincial de Corresponsabilidad Parental en situaciones de acoso escolar, con el objetivo de reforzar las herramientas existentes para prevenir y abordar casos de bullying y ciberbullying en Chaco.

La misma busca complementar el marco normativo vigente e incorporar un esquema progresivo, preventivo y restaurativo, que involucre activamente a las familias cuando se registren situaciones reiteradas de acoso entre estudiantes. El proyecto establece que será de aplicación en todos los establecimientos educativos, tanto públicos como privados, y define el acoso escolar como toda conducta reiterada de hostigamiento físico, verbal, psicológico o digital, en línea con la legislación nacional y provincial.

Uno de los ejes centrales es la obligatoriedad de una intervención institucional previa por parte de las escuelas. Esto incluye la activación de protocolos, la aplicación de acuerdos de convivencia, la participación de equipos de orientación escolar y la notificación a los padres o responsables legales.

En este marco, la propuesta fija un "deber de colaboración parental", que obliga a los progenitores a presentarse ante la institución cuando sean convocados, participar de las instancias de orientación y tomar medidas para evitar la reiteración de las conductas. En caso de incumplimiento injustificado, se habilita la aplicación de medidas.

El régimen contempla una escala de intervención progresiva, que incluye advertencias formales, asistencia obligatoria a talleres, trabajos comunitarios y, como última instancia, multas. Estas sanciones deberán ser proporcionales y contemplar la situación socioeconómica de las familias, además de destinarse a programas de prevención del acoso escolar.

Desde los fundamentos, la autora del proyecto señaló que el sistema actual, si bien tiene un enfoque preventivo y pedagógico, presenta limitaciones ante situaciones persistentes. En ese sentido, explicó que la iniciativa "tiene por finalidad fortalecer el abordaje del acoso escolar en la Provincia del Chaco mediante la incorporación de un régimen de corresponsabilidad parental".

Asimismo, aclaró que el proyecto "no sustituye el modelo vigente, sino que lo fortalece", manteniendo la centralidad del sistema educativo y priorizando soluciones de carácter educativo y restaurativo por sobre las sanciones. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Educación de la provincia, que deberá articular con organismos de protección de derechos, áreas de salud y, en caso necesario, con la Justicia.

Finalmente, se establece que el régimen tendrá carácter administrativo, educativo y contravencional —no penal— y que no implicará la criminalización de niños, niñas, adolescentes ni de sus familias.

Por su parte, la diputada provincial Elda Insaurralde presentó un proyecto de ley que propone crear un régimen integral obligatorio para prevenir, detectar y sancionar el bullying y ciberbullying en todas las escuelas de la provincia.

La iniciativa exige a las instituciones contar con protocolos, actuar en plazos breves ante denuncias, informar a las familias y garantizar medidas inmediatas de protección para las víctimas. Además, prevé la creación de un registro provincial de casos y establece sanciones para los establecimientos que incumplan la normativa, junto con capacitación obligatoria para docentes y mayor intervención del Ministerio de Educación.

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