La Corte Suprema envió un nuevo reglamento para transparentar los concursos de jueces
El máximo tribunal propuso priorizar el mérito y el rendimiento académico, y limitar el peso de las entrevistas personales en la selección.
La Corte Suprema de Justicia avanzó con una reforma clave en el sistema de selección de magistrados al aprobar un proyecto de reglamento que busca modificar los concursos y reducir los márgenes de discrecionalidad.
La iniciativa, firmada por los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti y enviada al Consejo de la Magistratura para su análisis, apunta a cambiar los criterios de evaluación de los candidatos y a introducir reglas más estrictas en las distintas etapas del proceso.
Según planteó el máximo tribunal, el objetivo es "reducir los potenciales ámbitos de discrecionalidad" y "garantizar que el mérito y la idoneidad sean el vector determinante de la selección de magistrados". En esa línea, el nuevo esquema propone que se priorice "el rendimiento académico de excelencia y el mérito real" por sobre el recorrido burocrático dentro del Poder Judicial.
Uno de los puntos centrales es la revisión del rol de las entrevistas personales, consideradas la instancia más cuestionada del sistema actual. El proyecto establece "reglas más claras y previsibles" para esta etapa y reduce su peso en la calificación final a 20 puntos, con el objetivo de evitar que modifique el orden de mérito.
Además, el reglamento introduce cambios en la estructura de los concursos, con la creación de dos modalidades: anticipados, que serán la regla, y especiales, como excepción. También se propone limitar la cantidad de cargos por concurso y establecer un plan anual de convocatorias.
En cuanto a la evaluación, se plantea una prueba de oposición dividida en dos partes, con una instancia general de preguntas de corrección automatizada y otra específica basada en casos prácticos. El sistema incluirá mecanismos informáticos para garantizar el anonimato de los postulantes.
El proyecto también incorpora la digitalización de las inscripciones, criterios más objetivos para evaluar antecedentes y entrevistas públicas, transmitidas por medios audiovisuales y abiertas a la ciudadanía.
En la acordada, la Corte remarcó su rol como "cabeza de este poder del Estado y órgano supremo de la organización judicial argentina", en lo que se interpreta como un mensaje al Consejo de la Magistratura, que deberá decidir si aprueba o no el nuevo reglamento.