Ley de Glaciares: limitan a 400 los oradores para las audiencias de esta semana
Las mismas serán el miércoles y el jueves. Aunque hay más de 100 mil inscriptos, el oficialismo restringió la participación presencial y virtual, lo que generó críticas de la oposición y organizaciones ambientalistas.
La Cámara de Diputados de la Nación Argentina realizará esta semana dos audiencias públicas para debatir la reforma de la Ley de Glaciares, en un contexto de fuertes cuestionamientos por la decisión de limitar a 400los oradores entre más de 100 mil inscriptos. La medida fue impulsada por el oficialismo de La Libertad Avanza, que mantuvo el esquema original de dos jornadas pese a los reclamos opositores. Las exposiciones se dividirán entre una instancia presencial y otra virtual.
Las audiencias se desarrollarán el miércoles y jueves, con participación presencial en la primera jornada y virtual en la segunda. Solo podrán exponer quienes figuren entre los primeros inscriptos de cada provincia, mientras que el resto deberá enviar su postura por escrito o mediante videos. Además, se dispuso que en las reuniones solo participen los diputados de las comisiones involucradas y un número acotado de asesores.
La decisión generó críticas de sectores de la oposición, que reclamaban ampliar la cantidad de jornadas para garantizar una mayor participación. También hubo cuestionamientos de organizaciones ambientalistas, que consideran insuficiente el esquema definido para un debate de alto impacto. Desde el oficialismo sostuvieron que el mecanismo asegura representación federal y que todas las presentaciones serán incorporadas al expediente legislativo.
En paralelo, la organización Greenpeace presentó una medida cautelar ante la Justicia para que se garantice la participación oral de todos los inscriptos. El planteo recayó en el juzgado de Enrique V. Lavié Pico, que deberá resolver si corresponde modificar el cronograma. Según estimaciones, permitir la exposición de todos los anotados implicaría extender las audiencias durante varios meses.
El proyecto en debate propone modificar aspectos centrales de la normativa vigente, especialmente en lo referido a las áreas protegidas. La iniciativa busca habilitar actividades económicas en zonas periglaciares que actualmente tienen restricciones, siempre bajo evaluación de impacto ambiental. Además, plantea otorgar mayor autonomía a las provincias para definir qué territorios quedan alcanzados por la protección.
La reforma es impulsada por sectores que buscan atraer inversiones en minería e hidrocarburos, pero genera preocupación en organizaciones ambientalistas y parte de la oposición. Estos sectores advierten que los cambios podrían afectar ecosistemas considerados estratégicos para la reserva de agua. El debate continuará en las próximas semanas, en medio de tensiones políticas y judiciales sobre el alcance de la participación ciudadana.