Denuncian a Adorni por presuntas contrataciones y la concesión de Tecnópolis
Una diputada pidió investigar supuestas irregularidades en licitaciones y posibles conflictos de interés.
La diputada Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para que se investiguen presuntas irregularidades en contrataciones públicas y en el proceso de concesión del predio de Tecnópolis. La presentación se conoció este jueves y plantea posibles delitos contra la administración pública.
Según el escrito, las sospechas se centran en licitaciones de servicios de mensajería masiva y en la concesión del predio estatal, procesos que se desarrollaron bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete entre 2025 y 2026. En ese marco, se menciona un contrato adjudicado a la empresa ATX S.A. por más de $ 3.650 millones para el envío de mensajes de texto, correos electrónicos y llamadas automatizadas.
La denuncia advierte posibles vínculos societarios entre las firmas participantes, entre ellas ATX S.A., Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L., lo que podría afectar la competencia y la transparencia en las contrataciones. También señala variaciones de precios en licitaciones similares y la reiteración de empresas relacionadas, lo que, de confirmarse, podría configurar una simulación de competencia en perjuicio del Estado.
En paralelo, el escrito pone el foco en la concesión de Tecnópolis, estimada en más de $ 183.300 millones. Allí se menciona un posible conflicto de interés por la relación entre la consultora +Be, propiedad de Bettina Julieta Angeletti, esposa de Adorni, y empresas vinculadas a una de las firmas preseleccionadas para la concesión junto a DirecTV Argentina.
La presentación también describe conexiones comerciales entre distintas compañías que mantienen contratos con el Estado, lo que, según la denunciante, podría configurar un entramado de relaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
De acuerdo con el documento, los hechos podrían encuadrarse en delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles, abuso de autoridad, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito. Finalmente, la diputada solicitó la apertura de una investigación penal y la producción de pruebas para determinar responsabilidades.