El Gobierno busca limitar expropiaciones y flexibilizar compra de tierras a extranjeros
El Ejecutivo enviará proyectos al Congreso para reducir la intervención estatal y modificar leyes clave sobre propiedad privada.
El Gobierno nacional avanzará con un paquete de reformas sobre propiedad privada que enviará al Congreso en los próximos días. Las iniciativas apuntan a limitar las expropiaciones, modificar el régimen de tierras rurales y flexibilizar normas vinculadas al uso del suelo, con el objetivo de reducir la intervención estatal y dar mayores garantías a los inversores.
El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien confirmó que los proyectos incluirán cambios en las leyes de expropiación, tierras rurales, manejo del fuego y regularización dominial. En la Casa Rosada reconocen que aún no hay un borrador definitivo, pero aseguran que la iniciativa se enmarca en la política de desregulación que impulsa el Gobierno.
Uno de los ejes centrales será endurecer las condiciones para expropiar. La intención oficial es restringir la definición de utilidad pública y reforzar el principio de indemnización previa, con el fin de que esta herramienta sea "realmente excepcional".
Otro punto clave es la modificación o eventual eliminación de la ley de tierras rurales, lo que permitiría quitar límites a la compra de tierras por parte de extranjeros. La medida busca incentivar inversiones en sectores como el agro, la energía y la minería.
Además, el Ejecutivo evalúa avanzar sobre el régimen de manejo del fuego para flexibilizar las restricciones actuales. La normativa vigente prohíbe durante décadas el cambio de uso del suelo en zonas afectadas por incendios, algo que el Gobierno considera una traba para el desarrollo productivo.
El paquete también incluye una revisión del régimen de integración socio-urbana de barrios populares. En ese sentido, se analiza restringir la capacidad expropiatoria del Estado, priorizar acuerdos voluntarios con propietarios y revisar mecanismos como la suspensión de desalojos o la transferencia de inmuebles a fideicomisos públicos.
Según indicaron desde el Gobierno, la intención es ampliar la participación del sector privado en los procesos de urbanización y regularización dominial, en línea con el objetivo de reducir la intervención estatal.