Diputados aprobó la nueva ley de honorarios para abogados y procuradores
La Legislatura chaqueña sancionó con fuerza de ley el proyecto, cuya finalidad es "dignificar, jerarquizar y proteger los honorarios de los abogados y procuradores matriculados en la provincia".
Este miércoles, la Legislatura chaqueña aprobó Ley 2723/25, de Honorarios de Profesionales de la Abogacía y Procuradores de la provincia.
Con 28 votos a favor y uno en contra, sobre 29 legisladores presentes, la Cámara de Diputados sancionó con fuerza de ley el proyecto, cuya finalidad es "es dignificar, jerarquizar y proteger los honorarios de los abogados y procuradores matriculados en la provincia", de acuerdo a lo expuesto en su artículo N° 1.
La iniciativa fue aprobada en general y luego en particular.
¿QUÉ DICE LA LEY?
En ese marco, el artículo N° 8 de la Ley establece que "los abogados y procuradores pueden acordar libremente con su cliente el monto de sus honorarios superiores a los mínimos establecidos en esta ley, en todo tipo de labor profesional, sea judicial o extrajudicial, así como la forma y oportunidad de su pago, salvo las excepciones expresa establecidas en esta ley".
Asimismo, señala que se puede acordar "libremente con la parte contraria el monto de sus honorarios en los casos en que el o los juicios concluyan por transacción, conciliación o mediación o en cualquier caso que así lo decidan las partes, con los límites establecidos en la Ley 2275-B, art. 11, inc. g o la norma que en el futuro lo reemplace con idéntico sentido y sin violar los mínimos establecidos para cada caso".
El mismo artículo señala que "los acuerdos de honorarios rigen las obligaciones entre las partes con total independencia de la condenación en costas que correspondiere a la contraria, salvo lo establecido en párrafo anterior de este artículo".
La iniciativa declara a la norma de orden público, ratifica el carácter alimentario de los honorarios y plantea que, ante dudas, la interpretación debe ser favorable al profesional.
Entre los cambios centrales, el texto adopta la Unidad de Medida Arancelaria (UMA) como referencia para fijar los montos y establece que los honorarios no podrán ubicarse por debajo de los mínimos legales. En los procesos con contenido económico, prevé una escala general de entre el 18% y el 25% del monto del juicio, con un piso mínimo de 10 UMA.
El proyecto también obliga a los jueces a fundar de manera precisa cada regulación de honorarios, bajo pena de nulidad, y presume que toda actividad profesional desplegada en un proceso es útil, salvo resolución fundada en contrario. Además, admite acuerdos entre cliente y profesional por encima de los mínimos, regula el pacto de cuota litis y declara nulo cualquier convenio que implique renunciar a los pisos arancelarios previstos.
La iniciativa incorpora, además, reglas específicas para procesos de familia, consumo, desalojo y expropiación, y crea el Observatorio de Cumplimiento de la Ley de Honorarios de Abogados del Chaco (OCLA), pensado para monitorear la aplicación de la norma. También fija sanciones para el ejercicio ilegal de la profesión y para la publicidad engañosa vinculada a servicios jurídicos.