Casación ratificó la absolución de la ex intendente Aída Ayala
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso del Ministerio Público Fiscal y dejó firme el fallo que había absuelto a la ex jefa comunal de Resistencia y a otros dos imputados en la causa por presuntas irregularidades en compras realizadas en 2016.
La ex intendente Aída Ayala y sus asesores fueron absueltos en julio de 2025 por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF) de la causa por presuntas irregularidades en compras realizadas durante su gestión como secretaria de Municipios de la Nación en 2016. Sin embargo, la Fiscalía apeló el fallo en Casación y la resolución que se dio a conocer en las últimas horas ratificó la absolución.
Es así que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por tres jueces (Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos) confirmó la absolución de Ayala en la causa que investigaba una presunta maniobra fraudulenta vinculada a la compra de herramientas y maquinarias para el municipio de Quitilipi. La decisión también alcanza a Matías Rubén Balmaceda Paiva y Miguel Ángel Vilte, quienes habían sido absueltos en julio de 2025 por el Tribunal Oral Federal de Resistencia.
El fallo se produjo luego de que el Ministerio Público Fiscal presentara un recurso de casación contra la sentencia absolutoria, al considerar que el tribunal había valorado de forma arbitraria la prueba reunida durante el juicio. Sin embargo, la Cámara de Casación resolvió rechazar el planteo fiscal, al concluir que no se acreditaron elementos suficientes para demostrar que los imputados hayan tenido participación en una maniobra de defraudación contra el Estado. La decisión no fue unánime. El juez Borinsky votó a favor de hacer lugar al recurso y revisar la absolución, al considerar que debían analizarse nuevamente algunos aspectos de la prueba. Por su parte, los jueces Carbajo y Hornos se pronunciaron por rechazar el planteo fiscal.
La investigación se centró en una operación realizada en 2016, cuando se firmó un convenio entre la Secretaría de Asuntos Municipales de la Nación y el municipio de Quitilipi para la compra de herramientas y maquinarias por $ 998.537. Según la acusación, la contratación habría sido direccionada para beneficiar al proveedor Claudio Alejandro Tolosa, propietario de la firma Service Hogar. No obstante, el tribunal consideró que el fiscal no logró demostrar la existencia de un acuerdo fraudulento ni la intervención de Ayala y los otros acusados en irregularidades en el proceso de contratación.