La Justicia rechazó la medida cautelar de la CGT contra la reforma laboral
El juez Enrique Lavié Pico desestimó el pedido para suspender artículos de la norma y el traspaso de competencias laborales a la Justicia porteña. La central obrera anticipó que continuará con el reclamo judicial.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7 rechazó la medida cautelar solicitada por la CGT en el marco de una causa iniciada contra el Estado Nacional para suspender la aplicación de los artículos 90 y 91 de la ley 27.802, conocida como Ley de Modernización Laboral. La central sindical también había pedido frenar el convenio de transferencia de la función judicial en materia laboral al ámbito de la Justicia del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La resolución fue firmada por el juez Enrique Lavié Pico, quien consideró que no se encontraban reunidos los requisitos necesarios para otorgar la cautelar. El magistrado es el mismo que a comienzos de 2024 había rechazado dos amparos presentados contra el DNU 70/2023 impulsado por el Gobierno nacional.
La CGT había promovido la acción de amparo el pasado 6 de marzo, fecha en que también se publicó la ley en el Boletín Oficial. En su presentación, la central obrera solicitó que se declare la nulidad e invalidez constitucional de los artículos cuestionados y pidió una medida cautelar innovativa que suspenda su aplicación hasta que se dicte una sentencia definitiva.
Según el planteo sindical, la implementación de la nueva normativa implicaría la supresión de la Justicia Nacional del Trabajo y el traslado de competencias al ámbito porteño, lo que —según argumentaron— podría dificultar una eventual reparación judicial futura. También solicitaron que se prescinda del informe previsto en la Ley 26.854 para acelerar el tratamiento de la cautelar, alegando que representan a un grupo vulnerable.
En su fallo, Lavié Pico explicó que las medidas cautelares innovativas son de aplicación excepcional porque modifican el estado de hecho o de derecho vigente antes de que exista una sentencia. En ese sentido, sostuvo que su otorgamiento debe ser restrictivo, especialmente cuando el pedido coincide en la práctica con el objeto central de la demanda.
El juez también señaló que no se acreditó el peligro en la demora que justifique la suspensión de la norma y remarcó que la vía elegida —la acción de amparo— permite obtener una resolución rápida sobre el fondo del asunto. Por ello rechazó la cautelar y ordenó que el Estado Nacional presente, en un plazo de cinco días, el informe previsto en la Ley 16.986 junto con la prueba que considere pertinente para el proceso.