La trama de "Sueños Compartidos" y el capítulo que vinculó a los Sena con la causa
Comenzó el juicio oral y público por la causa que investiga el desvío de más de $ 200 millones en perjuicio del Estado. En los primeros tramos de la investigación fueron señalados Emerenciano Sena, Macela Acuña y Osmar Quintín.
Este miércoles comenzó el juicio oral y público por la causa "Sueños Compartidos", en el marco del supuesto fraude en perjuicio del Estado nacional a través de un programa de construcción de viviendas, entre marzo de 2008 y junio de 2011. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 inició el debate que tiene en el banquillo de los acusados, entre otros imputados, al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender; y al exsecretario de Obras Públicas, José López.
De acuerdo con la investigación fiscal, los implicados enfrentan acusaciones por la supuesta formación de un esquema delictivo que entre 2005 y 2011 se dedicaba al desvío de fondos públicos. Para la Fiscalía General N° 6, la Secretaría de Obras Públicas transfirió $ 748.719.414,64 destinados a la ejecución de obras; sin embargo, se determinó que casi el 25% de ese monto, un total de $ 206.438.454,05, fue desviado para beneficios patrimoniales de los involucrados.
LA FIGURA DE LOS SENA
Entre los nombres que al inicio de la causa figuraban entre los implicados estaban Emerenciano Sena y Marcela Acuña, hoy condenados a prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, y Osmar "Quintín" Gómez. Los dirigentes piqueteros fueron investigados por el delito de trata de personas en el marco de "Sueños Compartidos", que llegó en 2008 a Chaco mediante la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
La causa contra Sena, Acuña y Gómez se inició en 2010, luego de una denuncia presentada por Sergio Schoklender, quien en ese momento ejercía como apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, a raíz del conflicto cuando el Movimiento de Trabajadores Desocupados Emerenciano, a partir de un convenio con la Secretaría de Vivienda de la Nación, tomó el sitio donde se desarrollaba la ejecución de las viviendas sociales: el obrador del ex Campo de Tiro.
En agosto de 2011, y tras planteos de competencia, la causa estuvo en condiciones de pasar a la etapa de instrucción; sin embargo, no se delegó la investigación en el Ministerio Público Fiscal. El expediente quedó en el Juzgado Federal N° 1 de Resistencia hasta 2023, cuando fue remitido al fiscal federal Patricio Sabadini, quien pidió la instrucción judicial. Sena, Acuña y Gómez fueron procesados en febrero de 2024 por el delito de "trata de personas con fines de explotación laboral mediando engaño, amenazas, abuso y violencia, agravado por la cantidad de víctimas".
Además del procesamiento, a los dirigentes piqueteros se les impuso un embargo de $31 millones y, en agosto del mismo año, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia revocó esa resolución y criticó el tiempo en que la causa permaneció estancada, situación que favoreció a los acusados.
Un mes después, el 12 de septiembre, la jueza federal Zunilda Niremperger resolvió que la acción penal estaba extinguida por prescripción y tanto Sena como Acuña y Gómez fueron sobreseídos. En su fallo, la magistrada sostuvo que "ha transcurrido suficientemente el término de la pena máxima establecida para el delito atribuido a los imputados de autos, que es de diez (10) años, de conformidad con lo normado en el art. 62 inc. 2 del Cód. Penal y en observancia de los preceptos constitucionales y convencionales relativos al plazo razonable, la acción penal se encuentra prescripta".