ARCA prepara una denuncia penal contra la AFA por presuntas facturas apócrifas
La presentación judicial apuntará a facturación millonaria por trabajos que, según la investigación, no se habrían realizado o fueron asignados a firmas bajo sospecha.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) avanza en la elaboración de una denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la supuesta utilización de facturación apócrifa relacionada con obras que habrían sido declaradas en el predio de Ezeiza, pero que, según la investigación, no se habrían concretado o habrían sido adjudicadas a empresas sin estructura real para realizarlas.
De acuerdo con fuentes vinculadas al caso, la presentación judicial —que se espera sea formalizada en los próximos días— se centra en comprobantes emitidos por distintas firmas que facturaron montos millonarios por trabajos en el complejo deportivo. Las sociedades señaladas carecerían de bienes registrados, personal declarado o actividades compatibles con los servicios facturados.
Según se pudo saber, el organismo recaudador decidió avanzar con la denuncia luego de que la AFA rechazara entregar el listado del personal que habría ingresado al predio para llevar adelante las obras investigadas.
Desde la entidad rectora del fútbol argentino respondieron que parte de esa información debía considerarse de carácter reservado. En ese sentido, indicaron que algunos accesos deben clasificarse como "privados confidenciales" y explicaron que "analizar cada personal de las empresas que menciona, dada la confidencialidad de ciertos ingresos, demanda primero determinar qué trabajador realizará esa tarea".
La investigación ya había tenido un antecedente en enero, cuando ARCA presentó documentación ante el juez Diego Amarante con datos sobre compañías que, según el organismo, podrían ser firmas ficticias contratadas por la AFA.
Entre los casos mencionados figura Meroka SRL, que facturó alrededor de $ 7 millones por supuestas obras en el predio de Ezeiza. Sin embargo, la empresa registra actividades comerciales diversas —desde fast food y bebidas hasta reparación edilicia y venta de cereales— y no posee bienes declarados ni actividad económica acorde a los trabajos facturados. Además, no fue localizada en el domicilio fiscal informado.
Otra firma señalada es Maxstore SA, que emitió comprobantes por $ 23 millones por tareas de obra y pintura. Según la información oficial, tampoco fue encontrada en su sede fiscal y declaraba actividades vinculadas a la venta de electrodomésticos, telefonía y equipos de audio. Para ARCA, se trataría de una estructura sin capacidad económica o financiera compatible con los montos facturados.
El listado también incluye a Central Hotel SRL, que facturó $ 9,6 millones por presuntas obras. La sociedad tiene como actividad registrada el alojamiento hotelero y servicios gastronómicos, no cuenta con empleados declarados y tampoco evidenciaría respaldo económico suficiente para los trabajos consignados.
La nueva denuncia se incorporaría a un expediente previo iniciado por ARCA contra la AFA por presunta retención indebida de aportes y tributos nacionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
En ese marco, el juez Amarante citó a declaración indagatoria al presidente de la institución, Claudio Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino, además de imponerles la prohibición de salida del país. Las audiencias fueron fijadas para el 5 y 6 de marzo, respectivamente.
El organismo sostiene que la AFA actuó como agente de retención y percepción de impuestos y recursos de la seguridad social sin depositar los fondos dentro del plazo legal de 30 días posteriores al vencimiento. El monto total investigado supera los $ 19.300 millones, tras una ampliación que elevó la cifra denunciada a $ 11.759.643.331,62, sumados a los $ 7.593.903.512,23 inicialmente observados.
En un comunicado difundido recientemente, la Asociación del Fútbol Argentino negó "rotundamente" la existencia de deudas fiscales exigibles. La entidad aseguró que las obligaciones fueron canceladas de manera voluntaria antes de sus vencimientos y cuestionó que el organismo recaudador intente convertir una situación administrativa —que, según su interpretación, no implicaba mora— en un delito penal tributario.
Además, sostuvo que se trata de la única organización sin fines de lucro denunciada penalmente en un contexto impositivo similar. Por su parte, ARCA mantiene que la falta de depósito en tiempo oportuno configura el delito de omisión, dado que la responsabilidad surge directamente de su rol como agente de retención ante el Estado.
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