Pérez Pons aportó a la justicia documentación probatoria de su denuncia contra el municipio saenzpeñense
El diputado provincial formalizó la entrega de una serie de documentos probatorios sobre la operatoria financiera entre la Bolsa de Comercio del Chaco y la Municipalidad de Sáenz Peña.
El diputado provincial Santiago Pérez Pons se presentó este lunes por la mañana ante el fiscal Marcelo Soto y formalizó la entrega de una serie de documentos que, según sostuvo en su declaración, aportan precisión técnica y respaldo documental a la investigación sobre la operatoria financiera entre la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña y la Bolsa de Comercio del Chaco.
La presentación no introdujo hipótesis nuevas, pero sí consolidó en un mismo cuerpo probatorio elementos que hasta ahora se encontraban dispersos: el dictamen del Tribunal de Cuentas, la identificación del origen público de los fondos invertidos, el convenio de apertura de la cuenta comitente municipal, la autorización conferida a Diego Landriscina para operar, los cambios de perfil del inversor, confirmaciones por correo electrónico vinculadas a operaciones específicas y un detalle de comisiones percibidas durante 2025.
Entre los documentos entregados figura el dictamen del Tribunal de Cuentas de octubre de 2024, donde se establece que los recursos municipales deben administrarse con la finalidad de ser volcados en obras y servicios para la comunidad y que cualquier inversión financiera debe estar precedida por un instrumento jurídico que determine monto y destino. El texto también advierte sobre los riesgos de operaciones que puedan comprometer fondos públicos.
La documentación incorpora además una declaración jurada donde se consigna expresamente que el origen de los fondos invertidos es "público" y se identifica a la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña como titular de la cuenta comitente. La cuenta aparece asociada a la administración municipal bajo firma del intendente Bruno Cipolini.
Uno de los ejes centrales de la exposición ante el fiscal fue el convenio de apertura de cuenta y la autorización otorgada a Diego Landriscinapara operar en nombre del municipio. En ese instrumento se confieren facultades para administrar valores e instrumentos financieros, pudiendo actuar de manera total o parcialmente discrecional. El documento también señala que Landriscina fue designado como autorizado a operar en julio de 2020 y que no se habría solicitado su baja hasta la fecha, actuando como administrador de la cuenta en representación de la Municipalidad en su carácter de Secretario de Gobierno.
La presentación incluyó, asimismo, el convenio en el que se consigna la aceptación de operar con cheques no garantizados, con la correspondiente asunción de riesgos. Se agregaron registros de avisos automáticos de cambio de perfil del inversor, donde la cuenta municipal figura con perfil "MODERADO", junto a constancias de autorizaciones vinculadas tanto al municipio como al usuario asociado a Landriscina. Estos cambios de perfil se produjeron en distintos períodos, según consta en los registros.
Entre los elementos incorporados también figuran correos electrónicos relacionados con la renovación de cheques comprados y la confirmación de operaciones. En la documentación se indica que Landriscina ingresaba habitualmente a la plataforma para observar movimientos y que confirmó determinadas transacciones, así como actualizaciones del perfil del inversor en los años 2023 y 2024, mientras que la actualización de 2025 habría sido realizada desde el usuario institucional del municipio.
El aspecto más sensible de la presentación radica en el detalle de comisiones percibidas durante 2025 en relación con la Municipalidad. El cuadro incorporado en la documentación consigna un total de 14.838.981,97 pesos en concepto de comisiones. En el mismo documento se señala que Landriscina posee título de asesor financiero certificado desde 2015 y que desde 2016 se desempeña como "manager" de varias cuentas en la Bolsa, facturando periódicamente comisiones. También se deja constancia de que el 2 de febrero de 2026 habría solicitado por correo la suspensión temporal de la percepción de comisiones.
La secuencia documental presentada ante la Fiscalía coloca ahora bajo análisis un conjunto de decisiones administrativas y financieras que incluyen autorizaciones formales, aceptación de riesgos, modificaciones de perfil y percepción de honorarios. El fiscal Soto deberá determinar la correspondencia entre estos actos, su encuadre normativo y su eventual relevancia penal o administrativa.
La Bolsa de Comercio del Chaco, según consta en la misma documentación, manifestó su disposición a colaborar con la investigación dentro del marco legal vigente y señaló que podrá remitir información operativa cuando medie resolución judicial que releve el deber de secreto bursátil previsto en la normativa aplicable.
Concluida la declaración del legislador y formalizada la entrega de las pruebas, la causa entra en una nueva etapa caracterizada por la existencia de registros escritos, firmas, fechas y montos concretos. A partir de ahora, la investigación dependerá de la interpretación jurídica de ese material y de las medidas que disponga el Ministerio Público para esclarecer el alcance de la operatoria examinada
