Periodista
La captura de sentido en el Caso Sena y el riesgo institucional del sistema chaqueño
Durante más de dos años y medio, la causa por el femicidio de Cecilia Strzyzowski no fue solo un expediente judicial: fue un espectáculo permanente. Antes de que un jurado popular escuchara la primera prueba, la condena ya circulaba en estudios de televisión, portales digitales y discursos políticos. Cuando el juicio comenzó, la opinión pública no estaba expectante: estaba convencida y la consigna de "perpetua para todos" ya no era un deseo sino una obligación y un epìlogo tan lógico como ineludible para la Justicia chaqueña.
Ese es el núcleo del planteo de nulidad que hoy revisa la Cámara de Casación Penal del Chaco. Y es el núcleo de una discusión mucho más profunda: ¿puede un sistema de juicio por jurados funcionar cuando el proceso ha sido previamente colonizado por una narrativa oficial y mediática omnipresente?
Este es el centro de las apelaciones de las defensas de Marcela Acuña a cargo de la defensora oficial Celeste Ojeda y de la de Emerenciano Sena, a cargo de Ricardo Osuna.
También ponen foco en la falta de pruebas para sostener la culpabilidad de participación necesaria, la misma existencia de un "plan criminal" y en los vicios formales del proceso, de la jueza técnica y de la incorporación de pruebas.
Los recursos ingresados a última hora del plazo esta semana que terminó, ponen además en jaque a todo el sistema de justicia, en cabeza de los jueces la Casación, los del Superior Tribunal de Justicia, en condiciones de corregir la vulnerabilidad manifiesta a fallar sentencias contra derecho, del sistema de juicios por jurado.
Los recursos de las defensas —tanto de Ojeda como de Osuna — coinciden en un punto demoledor: la causa estuvo 𝐚𝐭𝐫𝐚𝐯𝐞𝐬𝐚𝐝𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐮𝐧𝐚 ❞𝐮𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐭𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧❞ constante, desde la instrucción penal preparatoria hasta la deliberación del jurado.
𝐍𝐨 𝐬𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨́ 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐢́𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚. 𝐒𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨́ 𝐝𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢𝐝𝐨 sin fisuras en los medios locales, donde no fue admitida ninguna posición de duda contra la culpabilidad de los padres de César Sena.
Durante todos estos años el consenso político y mediático, confirmó una y otra vez que 𝐥𝐨 𝐮́𝐧𝐢𝐜𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐛𝐚 𝐞𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐞𝐧𝐚𝐫 𝐚 𝐥𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐝𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐟𝐞𝐦𝐢𝐜𝐢𝐝𝐚 antes que averiguar qué había pasado exàctamente con Cecilia y su pareja, qué había motivado el fatídico desenlace.
Se difundieron hipótesis acusatorias como certezas. Se reprodujeron pruebas luego excluidas que confirmaban al clan como una organización delictiva, como en el caso de 𝐥𝐚 𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐟𝐚𝐥𝐬𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐟𝐢𝐫𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐂𝐞𝐜𝐢𝐥𝐚 𝐞𝐧 𝐬𝐮 𝐝𝐢𝐯𝐨𝐫𝐜𝐢𝐨 con César, que luego se descartó ante la confesión de la misma Cecilia en sus chat de haber realizado voluntariamente esa desvinculación.
Se instalaron móviles y "planes criminales" antes de que fueran discutidos en debate, donde además, 𝐣𝐚𝐦𝐚́𝐬 𝐬𝐞 𝐝𝐞𝐦𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚𝐫𝐨𝐧.
El juicio oral no comenzó en la sala, había comenzado en los medios desde el minuto cero, con 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐣𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥que ocultó además los chats de Cecila en los que relataba 𝐚𝐛𝐮𝐬𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐮𝐬 𝐩𝐚𝐝𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐬𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐢𝐧𝐟𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚. Abusos que además de la carga de 𝐜𝐮𝐥𝐩𝐚 𝐚𝐮́𝐧 𝐢𝐦𝐩𝐮𝐧𝐞 hubiesen aportado a 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐩𝐬𝐢𝐜𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢́𝐚 de esa chica de 28 años, que confesaba no poder sostener relaciones afectivas duraderas con hombres, saliendo con un chico 10 años menor en una relación que 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐞𝐧𝐢́𝐚 𝐚 𝐩𝐞𝐬𝐚𝐫 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐭𝐚𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢𝐫𝐚𝐬 que su mitómano novio le montaba y ella descubría y volvía a perdonar.
Desde la investigación penal preparatoria hasta el inicio del debate oral, el caso estuvo atravesado por una exposición mediática constante, provincial y nacional.
Las defensas sostienen que esa cobertura 𝐧𝐨 𝐟𝐮𝐞 𝐧𝐞𝐮𝐭𝐫𝐚𝐥 sino orientada 𝐛𝐚𝐣𝐨 𝐮𝐧𝐚 𝐡𝐢𝐩𝐨́𝐭𝐞𝐬𝐢𝐬 𝐚𝐜𝐮𝐬𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐝𝐚 𝐫𝐞𝐢𝐭𝐞𝐫𝐚𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐜𝐞𝐫𝐭𝐞𝐳𝐚.
Ojeda describe en su recurso un proceso desarrollado en un contexto de ❞𝐞𝐱𝐩𝐨𝐬𝐢𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚́𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐝𝐚❞y de ❞𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐚𝐧𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐩𝐞𝐧𝐚𝐥❞.
Osuna alude a un ❞𝐜𝐥𝐢𝐦𝐚 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝𝐨❞ que habría generado una ❞𝐜𝐨𝐧𝐝𝐞𝐧𝐚 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚𝐣𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐢𝐚❞.
La cuestión no es negar la libertad de prensa.
El punto es si el sistema adoptó medidas proporcionales a la magnitud del fenómeno mediático para 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐠𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐢𝐦𝐩𝐚𝐫𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞𝐥 𝐣𝐮𝐫𝐚𝐝𝐨.
𝐂𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐥𝐨𝐬 𝐣𝐮𝐫𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐟𝐮𝐞𝐫𝐨𝐧 𝐬𝐨𝐫𝐭𝐞𝐚𝐝𝐨𝐬, 𝐲𝐚 𝐞𝐫𝐚𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐚𝐭𝐫𝐚𝐯𝐞𝐬𝐚𝐝𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐞𝐬𝐚 𝐧𝐚𝐫𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐝𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐚𝐧̃𝐨𝐬.
Sostenida por medios y políticos que siguieron abusando de ella para sostener circulación y poder.
𝐉𝐮𝐫𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐝𝐨𝐬
En el juicio más mediatizado de la historia provincial, los jurados quedaron antes y durante el juicio, servidos a esa 𝐜𝐨𝐨𝐩𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢𝐝𝐨.
El sistema de la Provincia del Chaco no prevé incomunicación permanente. Los jurados regresaron a sus domicilios tras cada audiencia. En un caso ordinario, esto puede ser razonable.
En el caso Sena, no. Y eso estuvo 𝐚 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐭𝐨𝐝𝐨𝐬, 𝐚𝐮𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐨 𝐩𝐞𝐫𝐦𝐢𝐭𝐢𝐞𝐫𝐨𝐧, 𝐚𝐮𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐧𝐨 𝐡𝐢𝐜𝐢𝐞𝐫𝐨𝐧 𝐧𝐚𝐝𝐚.
En los recursos las defensa sostienen —con razón jurídica y sentido común— que 𝐧𝐨 𝐬𝐞 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐮𝐬𝐨 𝐨𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐜𝐚𝐦𝐛𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐝𝐞, 𝐚𝐢𝐬𝐥𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚𝐥 𝐧𝐢 𝐚𝐥𝐨𝐣𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐢𝐧𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐭𝐨.
Durante buena parte del debate, los jurados convivieron con una cobertura diaria en medios locales y nacionales. Con manifestaciones públicas en inmediaciones del tribunal, declaraciones de testigos al salir de las audiencias, con opiniones de dirigentes políticos y Editoriales que exigían condenas ejemplares
𝐀 𝐥𝐨𝐬 𝐣𝐮𝐫𝐚𝐝𝐨𝐬, 𝐜𝐚𝐬𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐮𝐧𝐚 𝐛𝐫𝐨𝐦𝐚, 𝐬𝐞 𝐥𝐞𝐬 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐜𝐨́ 𝐪𝐮𝐞 𝐧𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐢𝐞𝐫𝐚𝐧 𝐧𝐨𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚𝐬.
Pero volvían a su casa, hablaban con familia, amigos y vecinos que les preguntaban y opinaban del caso 𝗱𝗲𝗹 𝗾𝘂𝗲 𝘁𝗼𝗱𝗼𝘀 𝘆𝗮 𝘁𝗲𝗻𝗶́𝗮𝗻 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝘀𝗶𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝘂𝗴𝗮𝗿 porque, además 𝗻𝗼 𝘀𝗲 𝗽𝘂𝗲𝗱𝗲 𝗼𝗿𝗱𝗲𝗻𝗮𝗿 𝗹𝗮 𝗱𝗲𝘀𝗺𝗲𝗺𝗼𝗿𝗶𝗮 y el sesgo cognitivo no desaparece por instrucción judicial.
𝗣𝗿𝘂𝗲𝗯𝗮 𝗲𝗺𝗼𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝘆 𝗻𝗮𝗿𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 𝘀𝘂𝗴𝗲𝘀𝘁𝗶𝘃𝗮
Los recursos de los defensores cuestionan también 𝐞𝐥 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 𝐝𝐞 𝐚𝐥𝐭𝐨 𝐢𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭𝐨 𝐞𝐦𝐨𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐲 𝐥𝐚 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐢𝐦𝐩𝐥𝐢́𝐜𝐢𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐬𝐢𝐥𝐞𝐧𝐜𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐢𝐦𝐩𝐮𝐭𝐚𝐝𝐨𝐬.
En el caso de Emerenciano y también de César Sena, se denuncia 𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗮𝗱𝗮𝘀 𝗲𝘅𝗽𝗿𝗲𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 y testimonios instalaron una narrativa sugestiva de culpabilidad colectiva.
En el caso de Acuña, el recurso es aún más técnico: se señala una mutación acusatoria, 𝘂𝗻𝗮 𝗶𝗺𝗽𝘂𝘁𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗶𝗱𝗮 𝗰𝗼𝗻 𝗳𝗼́𝗿𝗺𝘂𝗹𝗮𝘀 𝘃𝗮𝗹𝗼𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮𝘀("formó parte del plan", "intervino activamente") sin precisión de actos concretos.
𝗘𝗹 𝗱𝗲𝗿𝗲𝗰𝗵𝗼 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹 𝗲𝘅𝗶𝗴𝗲 𝗮𝗰𝘁𝗼𝘀, 𝗻𝗼 𝗮𝘁𝗺𝗼́𝘀𝗳𝗲𝗿𝗮𝘀.
Si la participación primaria se deduce de un clima y no de un hecho probado, estamos ante una inversión peligrosa del principio de culpabilidad.
Respecto de Marcela Acuña, Ojeda cuestiona la configuración de la participación primaria. Sostiene que la sentencia se apoyó en ❞𝗶𝗻𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮𝘀 𝘃𝗮𝗹𝗼𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮𝘀❞ antes que en ❞𝗮𝗰𝘁𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗿𝗲𝘁𝗼𝘀 𝘆 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗮𝗱𝗼𝘀❞.
El agravio central es técnico: se habría vulnerado el principio de culpabilidad al atribuir una participación necesaria 𝘀𝗶𝗻 𝗱𝗲𝘀𝗰𝗿𝗶𝗽𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗽𝗿𝗲𝗰𝗶𝘀𝗮 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗱𝘂𝗰𝘁𝗮𝘀 ejecutivas.
En términos del recurso: ❞𝐧𝐨 𝐬𝐞 𝐚𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐨́ 𝐜𝐨𝐧 𝐩𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐚 𝐧𝐢 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐚 𝐬𝐮𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐥𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐫𝐞𝐭𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐱𝐢𝐠𝐞 𝐥𝐚 𝐟𝐢𝐠𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚𝐫𝐢𝐚❞.
Es una objeción de congruencia y de estándar probatorio. No es una discusión política. Es dogmática penal.
Ojeda cuestiona además la utilización de testimonios indirectos y 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗳𝘂𝘀𝗶𝗼́𝗻 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝘆 𝗲𝗻𝗰𝘂𝗯𝗿𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼. Señala que la acusación terminó incorporando hipótesis no formalmente imputadas.
Eso no es una cuestión menor ya que refiere a la violación del principio de congruencia.
En un juicio por jurados, donde el veredicto no es fundado por escrito, la precisión técnica del encuadre legal es aún más exigente. Porque lo que no se explica con claridad, se reemplaza por impresión.
Y la impresión, en un caso mediatizado, ya viene moldeada.
𝗟𝗮 𝗦𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗼 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗿𝗺𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻
El sistema de jurados fue presentado como democratizador. Como garantía contra el corporativismo judicial. Como participación ciudadana.
Pero cuando la ciudadanía ya ha sido sometida durante años a una narrativa unívoca, el riesgo es otro: que el jurado no delibere, sino que confirme.
Aquí aparece la indignación institucional.
Si un tribunal técnico dicta una sentencia endeble, una Cámara puede corregirla con fundamentos.
Pero cuando el veredicto proviene de un jurado popular sin motivación escrita, el margen de revisión se estrecha.
El diseño del sistema —impulsado políticamente y administrado judicialmente— termina generando un efecto paradójico: 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐞𝐧𝐨𝐫𝐦𝐞 𝐠𝐫𝐚𝐯𝐞𝐝𝐚𝐝 𝐣𝐮𝐫𝐢́𝐝𝐢𝐜𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐞𝐬𝐜𝐚𝐬𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐳𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐚𝐫𝐠𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚.
De hecho, 𝘀𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗮𝗴𝗿𝗮 𝗹𝗮 𝗶𝗺𝗽𝘂𝗻𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝗳𝗮𝗹𝗹𝗮𝗿 𝗽𝗼𝗹𝗶́𝘁𝗶𝗰𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲, contra Derecho.
Y entonces la cuestión deja de ser jurídica y se vuelve republicana:
¿Estamos ante un sistema que fortalece la justicia o ante uno que traslada la responsabilidad de decisiones discutibles a ciudadanos sin formación técnica, blindando así el proceso frente a revisiones profundas?
𝗖𝗮𝗽𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗲 𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶𝗱𝗼
La verdadera cuestión no es si el jurado actuó de buena fe ya que de hecho no tuvo condiciones estructurales de imparcialidad.
Cuando durante dos años y medio se construye una narrativa pública de culpabilidad; cuando se instala una idea de "caso emblemático"; cuando la presión social es constante;
cuando la figura de algunos imputados se convierte en símbolo político; la deliberación no ocurre en vacío.
El Caso Sena, como lo nominó la misma Justicia contra llamarlo por el nombre de la víctima, 𝐛𝐮𝐬𝐜𝐨́ 𝐝𝐞𝐬𝐝𝐞 𝐬𝐮 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐩𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐞𝐧𝐚 𝐩𝐨𝐥𝐢́𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐚𝐥 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐂𝐡𝐚𝐜𝐨.
𝗡𝗼 𝘀𝗲 𝗯𝘂𝘀𝗰𝗼́ 𝗷𝘂𝘀𝘁𝗶𝗰𝗶𝗮 𝗽𝗼𝗿 𝗖𝗲𝗰𝗶𝗹𝗶𝗮, todo se montó antes que nada en torno de castigar al líder piquetero, confirmar que era un criminal corrupto al frente de una banda de asesinos antes que el constructor de una organización que había dado respuesta a la pobreza reclamando al Estado con viviendas, escuelas, centros de salud y un modelo productivo solidario basado en la lucha social y su comunidad.
𝐎𝐜𝐮𝐫𝐫𝐢𝐨́ 𝐝𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐮𝐧 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐨 𝐬𝐞𝐦𝐚́𝐧𝐭𝐢𝐜𝐨 𝐲𝐚 𝐬𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚𝐝𝐨 𝐲 𝐟𝐮𝐞 𝐜𝐚𝐩𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢𝐝𝐨.
Los argumentos de las defensas no presentan una defensa corporativa ni mucho menos pretenden apelar a una inexistente simpatía política por los condenados por el Jurado popular.
Se presentan en defensa del debido proceso.
Porque cuando el sistema acepta que la opinión pública preceda a la prueba, mañana cualquier ciudadano puede quedar sometido al mismo dispositivo.
𝗟𝗮 𝗷𝘂𝘀𝘁𝗶𝗰𝗶𝗮 𝗻𝗼 𝗽𝘂𝗲𝗱𝗲 𝘀𝗲𝗿 𝗲𝗹 𝘂́𝗹𝘁𝗶𝗺𝗼 𝗲𝘀𝗹𝗮𝗯𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝘂𝗻𝗮 𝗻𝗮𝗿𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮́𝘁𝗶𝗰𝗮.
Debe ser el lugar donde esa narrativa se pone a prueba.
Y si el juicio popular no resiste ese estándar, entonces el problema no es de los jurados.
Es del diseño institucional que los dejó solos frente a una tormenta previamente desatada.
𝗣𝗿𝗼𝗽𝗮𝗴𝗮𝗻𝗱𝗮 𝗲𝗻 𝘁𝗶𝗲𝗺𝗽𝗼 𝗿𝗲𝗮𝗹
Uno de los agravios más delicados que introduce la defensora Celeste Ojeda —en representación de Marcela Acuña— es la emisión de un documental sobre el caso por parte de la televisión pública provincial mientras el debate oral aún se encontraba en curso.
Según se expone en el recurso, no se trata de una mera cobertura periodística. sino de una producción audiovisual estructurada bajo una narrativa cerrada, con reconstrucciones, testimonios seleccionados y una línea interpretativa que reforzaba la hipótesis acusatoria.
El punto central del planteo es institucional: la señal que emitió el material pertenece al Estado provincial. Es decir, el mismo Estado que ejercía la acusación a través del Ministerio Público Fiscal.
Ojeda sostiene que la difusión de ese documental durante el juicio constituyó un "hecho externo con potencialidad concreta de influir en el ánimo del jurado", agravado por el hecho de que los jurados no se encontraban incomunicados de manera permanente.
La defensa remarca que el sistema de la Provincia del Chaco no prevé aislamiento continuo, lo que incrementaba el deber de prudencia institucional frente a contenidos de alto impacto emocional.
El recurso advierte que la emisión de un producto audiovisual con hipótesis incriminatoria cerrada durante el desarrollo del debate vulnera el estándar de neutralidad que debe garantizar el propio Estado.
Subraya que la gravedad del planteo no radica solo en la posibilidad material de que un jurado lo haya visto, sino en el ismo mensaje institucional: mientras el tribunal intentaba garantizar imparcialidad en sala, el aparato comunicacional estatal difundía una versión consolidada de los hechos.
Esto pone a todo el proceso frente a un conflicto estructural explicito en los recursos y del que los jueces de Casación no se pueden desentender por la correspondencia de representar la máxima configuración del Poder Judicial del Chaco
En un juicio por jurados, el veredicto depende de la convicción íntima de ciudadanos sin obligación de fundamentar por escrito. Por ello, cualquier factor externo con capacidad sugestiva adquiere una relevancia extraordinaria.
Si el Estado —como acusador— sostiene una hipótesis, y simultáneamente —como productor de contenidos públicos— difunde un documental que refuerza esa hipótesis, se produce una superposición problemática de funciones.
La defensa de Acuña plantea que esa circunstancia afectó la garantía de imparcialidad objetiva y subjetiva.
Imparcialidad objetiva, porque el proceso se desarrolló en un entorno institucional que no exhibía neutralidad comunicacional.
Imparcialidad subjetiva, porque los jurados, al no estar aislados, pudieron verse expuestos a ese contenido.
No es necesario probar que lo hayan visto. Basta con que el riesgo haya sido real y evitable.
Y el recurso sugiere que fue evitable porque la emisión del documental durante el juicio no fue un hecho anterior a la selección del jurado. Fue contemporáneo al debate.
La defensa interpreta que se trató de una forma de consolidación simbólica del relato acusatorio en pleno desarrollo probatorio. En otras palabras: mientras la defensa intentaba generar duda razonable en la sala, afuera se difundía una narrativa que afirmaba certezas.
El agravio no fue ideológico sino procesal.
La Corte Suprema argentina ha sostenido reiteradamente que la garantía de juez imparcial incluye no solo la ausencia de prejuicio real sino también la apariencia de neutralidad. En un sistema de jurados, esa exigencia debe extremarse.
Porque si el veredicto no es fundado, la única protección posible es la pureza del proceso.
Responsabilidad Superior
La cuestión ahora está en manos de la Cámara de Casación Penal del Chaco.
No se le pide que evalúe contenidos periodísticos.
Se le pide que determine si el Estado cumplió con su deber reforzado de neutralidad cuando su propio medio público emitía una pieza audiovisual incriminatoria en simultáneo con el juicio.
Si ese hecho es considerado irrelevante, el precedente será contundente: la exposición mediática estatal concurrente con el debate no afecta la garantía de imparcialidad.
Si, en cambio, se reconoce su potencial contaminante, el tribunal enviará una señal clara de que el sistema es perfectible y que la neutralidad institucional no es una formalidad sino una condición estructural del juicio justo.
La interposición de los recursos de casación por parte de las defensas en el denominado Caso Sena no constituye una mera instancia recursiva más. Representa un cuestionamiento estructural al desarrollo del juicio por jurados en la Provincia del Chaco y coloca a la Cámara de Casación Penal del Chaco ante una responsabilidad institucional ineludible: determinar si el veredicto fue el resultado de un proceso imparcial o si estuvo condicionado por una narrativa pública previamente instalada.
Los recursos presentados por la Defensora Oficial Celeste Ojeda —en representación de Marcela Acuña— y por el abogado particular Ricardo Osuna —defensor de Emerenciano Sena— coinciden en un eje central: la mediatización extraordinaria y sostenida del caso afectó estructuralmente la garantía de imparcialidad del jurado.
La revisión que debe realizar la Cámara de Casación Penal del Chaco no es meramente técnica sino institucional.
Si convalida el veredicto sin analizar con rigor la exposición mediática prolongada, la ausencia inicial de aislamiento de los jurados, la la eventual mutación acusatoria en especial la suficiencia real de la prueba respecto de cada imputado, el mensaje será claro: el clima social y la política ( que es la lucha por el Sentido) puede reemplazar al estándar probatorio. Puede generar cualquier veredicto, condenar a quien sea por lo que se le ocurra al Poder.
Si, en cambio, examina con valentía estos agravios, enviará otro mensaje: que el juicio por jurados no es un instrumento para validar condenas socialmente deseadas, sino un mecanismo que exige aún más garantías.
Objeciones probatorias y participación atribuida
En el caso de Marcela Acuña, la defensa cuestiona la atribución de participación primaria o necesaria. Sostiene que no se acreditaron actos ejecutivos concretos que permitan sostener esa calificación, y que la condena se apoyó en inferencias y valoraciones antes que en prueba directa o indirecta suficiente.
Se invoca vulneración del principio de culpabilidad y del estándar de duda razonable.
Respecto de Emerenciano Sena y César Sena, se denuncian admisiones probatorias sugestivas, testimonios cuestionados y deficiencias en las instrucciones impartidas por la jueza técnica al jurado.
En todos los casos, el agravio converge en un punto: el riesgo de que la convicción haya sido influida por un clima externo más que por la prueba producida en sala.
Este debate no se agota en la situación procesal de Marcela Acuña, Emerenciano Sena o César Sena.
Trasciende el caso. Si se avalara un proceso atravesado por cuestionamientos serios sobre neutralidad mediática, exposición institucional concurrente y suficiencia probatoria discutida, el mensaje sería que la intensidad del clima social puede sustituir la exigencia técnica del estándar penal.
Si, en cambio, se someten estos agravios a un control exhaustivo, la provincia enviará una señal de madurez institucional: que el juicio por jurados no es un blindaje frente a la revisión, sino un sistema perfectible que debe responder ante la Constitución y la ley.
La justicia popular solo es legítima cuando es también estrictamente legal.
𝐘 𝐞𝐬𝐚 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐚𝐡𝐨𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐚́𝐦𝐚𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐂𝐚𝐬𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐏𝐞𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐡𝐚𝐜𝐨.
