El oficialismo logró quorum: se debate el régimen penal juvenil y la reforma laboral
Con 40 legisladores en sus bancas, La Libertad Avanza obtuvo el respaldo de bloques aliados, por lo que inició la sesión en el Senado.
La Libertad Avanza logró el quorum e inició el debate en el Senado. El oficialismo considera que cuenta con los votos necesarios para sancionar el nuevo régimen laboral y las modificaciones en el Régimen Penal Juvenil.
Con 40 legisladores en sus bancas, el Senado cierra este viernes el período de sesiones extraordinarias, con el tratamiento de los proyectos de baja de la edad imputabilidad, de 16 a 14 años, y la reforma laboral, que obtuvo media sanción la semana pasada, luego de una maratónica sesión en la Cámara de Diputados.
En la antesala a la votación, el oficialismo cuenta con el respaldo del PRO, la UCR y fuerzas provinciales para sancionar la reforma laboral, mientras que el peronismo anticipó un rechazo unificado, pese a la reciente conformación del bloque Convicción Federal.
Desde el oficialismo sostienen que la iniciativa apunta a combatir la informalidad. "Hay diez millones de personas en la informalidad esperando; necesitamos esta ley", expresó la senadora libertaria Carmen Álvarez Rivero al defender el texto.
Uno de los puntos más debatidos es la eliminación del artículo 44. Con la modificación introducida en Diputados, los empleados con enfermedades fuera del ámbito laboral percibirán el 100% de sus haberes, aspecto que se convirtió en eje central de la discusión.
En cuanto al régimen penal juvenil, propone reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El nuevo esquema se sustenta en los principios de legalidad, proporcionalidad, especialidad y excepcionalidad de la privación de la libertad. En ese marco, la prisión quedará establecida como última instancia, con control judicial permanente y cumplimiento en establecimientos especializados y separados de la población adulta.
El texto fija una pena máxima de hasta 15 años para delitos graves, entre ellos homicidios, robos violentos, abusos sexuales y secuestros. Para condenas menores a 10 años, prevé alternativas como servicios comunitarios, monitoreo electrónico, prohibición de acercamiento a la víctima o reparación del daño.
Además, el proyecto incorpora de manera expresa el reconocimiento de los derechos de las víctimas dentro del proceso penal juvenil, garantizando su participación y acceso a la información en las distintas etapas.