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Caso Cecilia: apelan perpetuas por prueba irregular y presión mediática

Diario Chaco pudo acceder al documento de una de la apelaciones donde se manifiestan diversos ejes contra el veredicto del Jurado Popular del 15 de noviembre de 2025 y la sentencia N° 7 del 10 de febrero de 2026 que impuso prisión perpetua en la causa por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. 

Emerenciano Sena, su hijo César y su esposa, Marcela Acuña.

Las defensas de Emerenciano Sena, César Sena, Gustavo Obregón y Fabiana González presentaron recursos de casación y de inconstitucionalidad contra el veredicto del Jurado Popular del 15 de noviembre de 2025 y la sentencia N° 7 del 10 de febrero de 2026 que impuso prisión perpetua en la causa por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.

En el planteo, los abogados sostienen que el juicio estuvo atravesado por "vicios estructurales" que, a su criterio, tornan inválido tanto el debate como el veredicto condenatorio.

Uno de los ejes centrales del recurso al que pudo acceder Diario Chaco y fue presentado por el abogado de Emerenciano Sena, Ricardo Osuna, es la incorporación al debate de un acta policial que contenía una esquela no autenticada, en la que se sugería que el imputado debía "no decir nada porque se hunden todos".

Según la defensa de Emerenciano Sena: no existió pericia caligráfica ni acreditación de autoría del escrito y la prueba habría sido introducida en violación del artículo 62 de la Ley 2364-B de Juicio por Jurados, que prohíbe incorporar constancias del legajo de investigación.

El jurado habría solicitado volver a ver esa prueba antes de emitir el veredicto, lo que, según el planteo, demuestra su incidencia directa en la condena.

Para la defensa, el ingreso de ese documento "altamente incriminante" contaminó la deliberación del jurado.

Otro de los agravios apunta a la exposición mediática del caso. Los abogados sostienen que existió una "contaminación informativa" que comprometió la imparcialidad del jurado.

En ese marco mencionan: la amplia cobertura del caso en medios locales y nacionales, la difusión de prueba que no había sido admitida judicialmente, la emisión de la serie audiovisual "La trama del poder" durante el desarrollo del juicio y las entrevistas a testigos en pleno debate.

Según el recurso, el jurado habría estado expuesto a información extraprocesal, en violación del derecho a ser juzgado exclusivamente por la prueba producida en el debate, conforme el artículo 18 de la Constitución Nacional y el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La defensa también plantea la nulidad de la plataforma fáctica. Sostiene que la acusación original era jurídicamente defectuosa y que durante el proceso se habría mutado implícitamente hacia una hipótesis de participación por omisión impropia.

En ese sentido, argumentan que: no se describió una acción concreta atribuible a Emerenciano Sena, sino una "ausencia deliberada", no se acreditó posición de garante ni los elementos típicos exigidos para una imputación por omisión impropia y la acusación habría sido ambigua y oscilante, vulnerando el principio de congruencia.

Además, se cuestiona que la fiscalía habría intentado ampliar la teoría del caso durante las audiencias preliminares, reintroduciendo la hipótesis de un "plan criminal" y un supuesto viaje que, según la defensa, ya había sido excluido en etapas anteriores.

Los abogados sostienen que se creó una figura inexistente en el sistema procesal denominada "refuerzo de la teoría del caso", lo que, afirman, violó el principio de preclusión, ya que la plataforma fáctica estaba firme.

APELACIONES DE LAS OTRAS DEFENSAS

La defensa de Gustavo Obregón y Fabiana González también presentó recurso de casación, fundado en la valoración de la prueba y en lo ocurrido durante las audiencias preliminares, el debate y el juicio.

Por su parte, la defensa de César Sena adelantó que interpondría, entre otros planteos, una apelación por la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua.

LO QUE VIENE

Con los recursos ya formalizados, será ahora la instancia superior la que deberá analizar si existieron las irregularidades denunciadas y si corresponde confirmar las condenas o revisar el proceso.

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