Este jueves, el Congreso comenzará a debatir una reforma de la Ley de Glaciares, una norma clave para la protección ambiental en la cordillera de los Andes. El proyecto, impulsado por el presidente Javier Milei, busca modificar aspectos centrales de la legislación vigente con el argumento de facilitar las inversiones mineras.

La iniciativa se tratará primero en el Senado y, si obtiene aprobación, pasará a la Cámara de Diputados. El debate reabre una discusión histórica entre desarrollo productivo y preservación de recursos hídricos.

QUÉ DICE LA LEY ACTUAL

La Ley 26.639, sancionada en 2010, prohíbe actividades como la explotación minera y otras industrias que puedan afectar las áreas donde se encuentran los glaciares y sus alrededores, por considerar estos lugares como reservas estratégicas de agua.

Además, fija presupuestos mínimos de protección, y creó el Inventario Nacional de Glaciares, relevamiento técnico que identificó 16.968 cuerpos de hielo en la cordillera, con una superficie cercana a 8.484 kilómetros cuadrados. La organización que realizó este relevamiento, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, dijo públicamente que no fue consultado sobre la reforma en discusión.

QUÉ PROPONE LA REFORMA

Uno de los cambios centrales del proyecto es delegar en las provincias la definición de los estándares de protección en zonas glaciares y periglaciares. Esto incluye áreas con glaciares cubiertos por detritos rocosos y suelos congelados que funcionan como reservas hídricas.

Lógicamente, desde el sector minero sostienen que la reforma brindaría mayor claridad técnica y seguridad jurídica para avanzar en proyectos vinculados al cobre y al litio, minerales considerados estratégicos en el contexto de la transición energética. Empresas internacionales ya manifestaron interés en inversiones bajo el régimen especial RIGI impulsado por el Gobierno. La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) afirmó que la minería moderna puede operar en zonas cordilleranas con planificación e ingeniería adecuadas, y señaló que el 93% del agua en esas regiones se destina a la agricultura, mientras que el 1% corresponde a la actividad minera.

LA POLÉMICA

Para el oficialismo y parte de las provincias cordilleranas, los recursos naturales son de dominio provincial y deben ser administrados localmente. En cambio, organizaciones ambientalistas como Greenpeace advierten que "se corre el riesgo de que primen intereses económicos por sobre ‌la preservación del agua".

Como un anticipo de lo que puede pasar en el Congreso, días atrás las máximas autoridades ambientales de todas provincias se reunieron en el Consejo Federal de Medio Ambiente y marcaron posturas divididas: el representante de Chaco, el subsecretario de Ambiente Mariano Moro, fue uno de los ocho votos a favor de la iniciativa, junto a Mendoza, San Juan, Entre Ríos, Tucumán, Catamarca, Salta y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por otro lado, también hubo ocho votos en contra: La Pampa,Bs As,Santa Cruz, La Rioja, Jujuy, Córdoba, Formosa, Santa Fe. Por último hubo cinco abstenciones de Neuquén, Chubut, Misiones, Santiago del Estero y Corrientes, y tres ausentes: Río Negro, Tierra del Fuego y San Luis.