Entidades de Abogados respaldaron el desempeño de sus representantes
Los Colegios de Abogados del interior y el Consejo Profesional de Resistencia se expresaron con firmeza ante las críticas que recibió el Consejo de la Magistratura por haber declarado desierto el concurso para cubrir cargos de fiscales en Sáenz Peña. Además, repudiaron "toda expresión agraviante" contra sus consejeros y llamaron al "respeto del voto" y al "diálogo institucional".
Los Colegios de Abogados de la Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta Circunscripción Judicial del Chaco, junto al Consejo Profesional de la Abogacía de la Primera Circunscripción, ratificaron la "plena vigencia y actualidad de los acuerdos interinstitucionales celebrados en los años 1984 y 2024". Según expresaron, estos entendimientos constituyen una "construcción democrática sostenida en el tiempo" destinada a asegurar una representación "equilibrada, federal y genuina de la abogacía chaqueña" ante el Consejo de la Magistratura de la Provincia del Chaco.
El documento lleva las firmas de José Miguel Vigier, Sofía Covach, Florencia Avila Arkwright, Ivana Balberdi, Gastón Navarro y Oscar Trojan, como titulares de cada una de las instituciones involucradas. En él, las entidades subrayaron que dichos acuerdos "no solo mantienen su fuerza normativa", sino que continúan siendo "un instrumento válido y necesario" para fortalecer "la calidad institucional y la confianza pública" en los procesos de selección de magistrados y funcionarios judiciales, donde la participación del estamento profesional resulta "esencial".
En ese marco, los firmantes expresaron la "ratificación expresa de la actuación desarrollada por la Consejera representante del Interior" y el "acompañamiento brindado por el Consejero representante de la Capital" durante la última sesión en la que se resolvió dejar desierto un concurso para cubrir dos cargos de la Segunda Circunscripción Judicial. Destacaron que se trató de un "accionar armónico y coherente con los compromisos asumidos", siguiendo "sin dudar el mandato otorgado por el Colegio de esa Circunscripción".
Para las instituciones, ese proceder refleja "el respeto por los consensos alcanzados" y por la "finalidad esencial" de los acuerdos: "asegurar que la representación de la abogacía responda efectivamente a las realidades locales y a las necesidades del ámbito jurisdiccional" donde se desempeñará la persona seleccionada. Reivindicaron así el principio de representación territorial como eje del sistema.
Asimismo, instaron al "pleno respeto de la legitimidad del voto de la abogacía", al que definieron como "expresión directa de la voluntad democrática de cada circunscripción judicial respecto del cargo a concursar". Afirmaron que el principio de representación territorial "no constituye una mera formalidad", sino una "garantía sustantiva de participación y de equilibrio institucional", que permite "hacer escuchar la voz de la abogacía local" y aportar una "valoración real e inmediata de los postulantes".
En otro tramo del pronunciamiento, los Colegios y Consejo manifestaron su "más enérgico repudio frente a cualquier ataque, descalificación, presión o amenaza, explícita o implícita dirigida contra el ejercicio profesional o contra la labor institucional de quienes integran el Consejo y el Jurado de Enjuiciamiento". Recordaron que los consejeros y consejeras gozan de "las indemnidades e inmunidades propias de los legisladores en relación con sus opiniones y votos", una "garantía esencial para el libre y responsable desempeño de sus mandatos".
Finalmente, formularon "un llamado a la prudencia, al diálogo institucional y al fortalecimiento de los canales orgánicos de expresión". Sostuvieron que las "inquietudes, observaciones o disensos propios de la vida democrática" pueden canalizarse "más idóneamente" a través de los Colegios y el Consejo de la circunscripción correspondiente, preservando "el respeto mutuo, la convivencia institucional y el objetivo común de mejorar la representación y la calidad democrática del sistema de selección de magistrados".