Nación afina su plan para defender la reforma laboral ante una eventual ola de amparos

Tras la media sanción obtenida en el Senado, el Gobierno nacional avanza en el diseño de una estrategia jurídica para sostener la reforma laboral frente a la judicialización que, en el oficialismo, consideran inevitable. En la Casa Rosada dan por descontado que habrá presentaciones en los tribunales una vez que la iniciativa complete su trámite legislativo y sea promulgada.

La norma fue aprobada en la Cámara alta con 42 votos afirmativos y 30 negativos, y ahora espera su tratamiento en Diputados. En el entorno presidencial admiten que, si se convierte en ley durante las sesiones extraordinarias, se abrirá un escenario de litigios impulsados tanto por sectores sindicales como por actores del propio ámbito judicial. Incluso, una fuente con acceso al diseño de la estrategia aseguró que prevén que el debate termine resolviéndose en la Corte Suprema.

Para anticiparse a ese escenario, un equipo técnico trabaja desde hace meses en un esquema de defensa que se mantiene bajo estricta reserva. En esa tarea intervienen la Secretaría de Legal y Técnica, la Procuración del Tesoro de la Nación y el Ministerio de Justicia, en coordinación con el círculo más cercano al asesor presidencial.

"Estamos trabajando en prevenir la judicialización que sabemos que va a ocurrir. Descontamos que termina en la Corte, afortunadamente solo hay un laboralista", señaló una fuente con despacho en la Casa Rosada, en referencia a la composición del Máximo Tribunal.

Entre los puntos que el oficialismo identifica como más sensibles figuran la prioridad de los convenios por empresa sobre los de alcance nacional, la limitación de la ultraactividad en los convenios colectivos y los cambios en el cálculo de las indemnizaciones. Esos ejes ya generaron resistencia en el sindicalismo y, según anticipan, serán parte central de las impugnaciones.

Otro foco de conflicto es la decisión del Ejecutivo de avanzar con el traspaso de la Justicia del Trabajo al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A través del Decreto 95/2026, el Gobierno facultó al jefe de Gabinete para firmar los acuerdos correspondientes. La discusión gira en torno al control de los tribunales laborales y tiene antecedentes en la reforma constitucional de 1994, que otorgó autonomía a la Ciudad.

Desde sectores cercanos al oficialismo sostienen que el traspaso se ajusta a la Constitución y recuerdan que la propia Corte Suprema consideró transitoria la permanencia del fuero laboral bajo órbita nacional. En paralelo, la Ciudad avanzó en los últimos años con la creación de su propia Cámara de Apelaciones del Trabajo y nuevos juzgados de primera instancia.

En el entorno libertario cuestionan con dureza el funcionamiento actual del fuero laboral. "Estamos a favor de los derechos laborales, pero en contra de que cinco jueces digan que la ley no les gusta y apliquen la suya propia", afirmó una voz calificada del espacio.

Pese a los pedidos de audiencia formulados por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional antes del debate en el Senado, el oficialismo avanzó con el tratamiento del proyecto y logró la media sanción. Ahora apuesta a obtener la aprobación definitiva en Diputados hacia fines de febrero.

Mientras tanto, en el Gobierno ratifican la vigencia del proyecto de "Modernización" y ultiman los detalles de la estrategia judicial. "Es obvio que van a tratar de pararla, pero no deberían tener éxito. Intentarán discutir todo, con justicia laboral a medida, pero van a perder", sentenció uno de los involucrados en el armado de la defensa.

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