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Nación apeló la cautelar que ordena aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

El Ejecutivo pidió que la apelación tenga efecto suspensivo y cuestionó el fallo que ordena actualizar salarios y partidas.

Mieli junto a Diego Santilli, Karina Milei y Manuel Adorni.

El Gobierno apeló la medida cautelar que obliga a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y pidió que el recurso tenga efecto suspensivo. La presentación fue realizada ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal por la Procuración del Tesoro, luego del fallo que ordenó efectuar una actualización en los salarios docentes y en las partidas presupuestarias de las universidades.

Fue el juez federal, Enrique Cormick quien había dictado la cautelar, en diciembre del año pasado, a partir de una acción de amparo promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto a otras entidades universitaria, con el respaldo de más de 40 casas de estudio.

En su fallo, el magistrado cuestionó el Decreto 759/2025, que había suspendido la ejecución de la Ley 27.795 hasta tanto se definieran recursos específicos para financiarla. Allí sostuvo que la decisión del Ejecutivo presentaba rasgos de "arbitrariedad e ilegalidad manifiesta" y advirtió una "inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico, concreto y específico", en relación con la demora y su impacto sobre el funcionamiento universitario.

Desde el Gobierno rechazaron esos argumentos y calificaron la resolución judicial como "arbitraria". Plantearon que la implementación de la ley exige previamente determinar sus fuentes de financiamiento e incorporarlas al Presupuesto, una atribución que, según señalaron, corresponde al Congreso y no al Poder Judicial. También advirtieron sobre eventuales consecuencias en el equilibrio fiscal.

En el mismo recurso, el Ejecutivo cuestionó la imparcialidad del juez al señalar que, por desempeñarse como docente universitario, formaría parte del universo alcanzado por la recomposición salarial. La Cámara desestimó esa recusación al no encontrar pruebas de interés personal.

Será ahora la Camara la que deba decidir si mantiene vigente la cautelar o la deja sin efecto. Mientras tanto, el Ejecutivo abrió una instancia de diálogo con el CIN para impulsar cambios en el esquema de financiamiento de las universidades públicas, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad fiscal y atender los reclamos del sector.

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