El STJ rechazó la inconstitucionalidad de la ley de ordenamiento de bosques
Por mayoría de 4 a 1, el máximo órgano de justicia de la provincia resolvió mantener en vigencia la ley.
El Superior Tribunal de Justicia rechazó la inconstitucionalidad la ley de ordenamiento de bosques. Por mayoría de 4 a 1, el máximo órgano de Justicia de la provincia dispuso que la ley continúe en vigencia.
Fue a través de la sentencia 19/2026, que contó con los votos afirmativos de Enrique Varela, Víctor del Río, Emilia Valle y Alberto Mario Modi; mientras que en disidencia votó Iride Isabel María Grillo.
En ese contexto, el dictamen dispuso los poderes Ejecutivo y Legislativo den cumplimiento a lo dispuesto en los puntos 11.1 y 11.2 de los considerandos. El primero de ellos señala que el Gobierno provincial deberá "en un plazo razonable, (a) implementar mecanismos complementarios y documentados de la participación ciudadana vinculados al texto normativo finalmente sancionado, con las modificaciones introducidas y (b) acreditar de manera fehaciente la existencia o no de una afectación directa sobre territorios ocupados por comunidades indígenas a fin de establecer, en su caso, la procedencia de la consulta, conforme estándares constitucionales y convencionales aplicables".
Asimismo, el punto 11.2 sostiene que el Poder Legislativo tendrá que "considerar los resultados de las instancias participativas complementarias que se lleven adelante a los fines de introducir, de corresponder, los ajustes normativos pertinentes".
Además, la sentencia exhortó a la Provincia a, mediante sus órganos competentes, a cumplir con lo que establece el punto 12 en relación a "intensificar y fortalecer las políticas de prevención, control y fiscalización de los desmontes ilegales, así como a adoptar medidas eficaces de recomposición y restauración ambiental en los casos que corresponda, en el marco de una planificación territorial que preserve la biodiversidad, asegure la funcionalidad ecológica de los ecosistemas y resulte compatible con los principios de prevención, sustentabilidad y no regresividad ambiental, en un todo de conformidad con los fundamentos vertidos precedentemente".
Con ese panorama, mayoría de los magistrados sostuvieron que el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) "constituye un instrumento central de la política ambiental y territorial, expresamente previsto por la Ley Nacional N.º 26.331 como uno de los pilares del régimen federal de protección de los bosques nativos, en concordancia con los presupuestos mínimos establecidos por el artículo 41 de la Constitución Nacional" y agregaron que "no se trata únicamente de una herramienta de conservación ambiental, sino de un dispositivo estructural que articula la protección de los bienes naturales con la planificación del desarrollo económico, productivo e institucional del territorio".
También consideraron que la ausencia de un OTBN no es beneficioso para ningún sector, sino que "debilita la protección ambiental, expone a los ecosistemas a procesos de degradación irreversibles, paraliza o precariza las actividades productivas lícitas, desalienta inversiones responsables y erosiona la credibilidad institucional del Estado".
Por su parte, Iride Isabel María Grillo, quien votó en disidencia, sostuvo que "las falencias verificadas en el proceso participativo que debía preceder a su sanción. En particular, las instancias de consulta y participación ciudadana implementadas no alcanzaron a satisfacer plenamente los estándares exigidos por la normativa ambiental vigente ni por los principios de democracia participativa y acceso a la información ambiental".
La jueza también remarcó que "la participación de los pueblos indígenas en las decisiones estatales que puedan afectar directamente sus territorios, recursos naturales o formas de vida se encuentra sujeta a un estándar jurídico reforzado, de jerarquía constitucional y convencional, que integra el denominado bloque de constitucionalidad federal" y añadió que la actualización del OTBN "impacta de manera directa sobre los territorios, recursos naturales y modos de vida de los pueblos originarios, lo que convierte a la consulta en un requisito ineludible de validez y legitimidad. En este marco, las comunidades indígenas deben ser incluidas como actores centrales, garantizando su participación efectiva y respetando sus tiempos y formas de organización".
"El OTBN no puede aplicarse de manera automática sobre territorios de propiedad comunitaria, sino que debe interpretarse y ejecutarse en armonía con el bloque de constitucionalidad y con el deber reforzado de protección territorial indígena", dijo y cerró: "El camino y el sentido de las consultas" es que "sean legítimos a partir de un diálogo honesto, razonable y justo que permita arribar a los puntos de coincidencias necesarios y posibles que faciliten resultados eficaces. En suma, el logro de la legitimidad".
RESOLUCIÓN
Tras el voto de los jueces, el Superior Tribunal de Justicia resolvió "rechazar las acciones de inconstitucionalidad promovidas por Nora Beatriz Giménez, en calidad de representante legal de la Asociación Civil "Conciencia Solidaria al Cuidado del Medio Ambiente, el Equilibrio Ecológico y los Derechos Humanos" con el patrocinio letrado de Pablo Martín Fernández Barrios (Expte. N° 7884/2024-1-C) y por Parlamento de Naciones Indígenas y Tribales del Gran Chaco – Asociación Civil, con patrocinio letrado de la Dra. Gisela Gauna Wirz, Defensora General Adjunta (Expte. Nº 6179/2024-1-C ), contra la Ley 4005-R y su modificatoria 4152-R, dejándose sin efecto la medida cautelar dictada por Resolución 609/25.