El Gobierno reglamentó la ley para el retiro voluntario de la administración pública
Se trata de la Ley 4200-H que establece un régimen de retiro voluntario destinado a agentes del Estado que aporten al INSSSEP.
El Poder Ejecutivo provincial reglamentó la Ley 4200-H mediante el Decreto N.º 2025-1492, que establece un régimen de retiro voluntario destinado a agentes del Estado que aporten al Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (INSSSEP). La medida alcanza a la Administración Central, entes descentralizados y autárquicos, al INSSSEP, Lotería Chaqueña y a empresas y sociedades del Estado que realicen aportes al sistema previsional provincial, y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.
El régimen también prevé la posibilidad de adhesión voluntaria por parte de otros poderes e instituciones del Estado. Podrán acceder al beneficio los agentes de planta permanente que cuenten con un mínimo de 10 años de aportes al INSSSEP, computándose además el tiempo trabajado como personal transitorio con aportes.
Quedan excluidos del alcance de la norma el personal docente, de seguridad, quienes desarrollen tareas de atención sanitaria directa o indirecta, el personal esencial por razones de servicio, los agentes sometidos a sumarios administrativos o procesos penales, y quienes se encuentren en condiciones de jubilarse o hayan presentado su renuncia.
El monto del retiro voluntario oscila entre el 50% y el 75% de la remuneración, según la edad del agente y los años de aportes jubilatorios. La base de cálculo será la última remuneración mensual normal, habitual, regular y permanente, considerando únicamente los rubros sujetos a aportes. El beneficio contará con movilidad automática y será liquidado por cada jurisdicción, que asumirá el costo correspondiente.
Las personas que accedan al régimen continuarán percibiendo el sueldo anual complementario y las asignaciones familiares, y mantendrán los aportes al sistema previsional, a la obra social y al fondo de salud pública.
La tramitación se realizará a través del sistema de Trámites a Distancia (TGD), donde el agente podrá acceder previamente a una preliquidación del beneficio. En una primera etapa, el plazo para iniciar la solicitud será hasta el 31 de mayo, y luego se irá prorrogando hasta el 31 de diciembre de 2026.
La autoridad de aplicación será la Secretaría General de la Gobernación, que estará facultada para dictar normas aclaratorias y complementarias. El régimen establece además la prohibición de reingreso al Estado, salvo en el caso de cargos electivos o como autoridad superior.