Para asegurar consenso, el Gobierno impulsará que la imputabilidad baje a 14 años
El Poder Ejecutivo retiró su proyecto de Ley Penal Juvenil que había enviado al Congreso con la intención de bajar la edad de imputabilidad a 13 años para reemplazarlo por uno nuevo que fija ese límite en 14 años. De esta manera se aseguró el consenso con sectores de la oposición.
Un giro inesperado se dio en el tratamiento de la reforma del Régimen Penal Juvenil, cuando el Gobierno decidió no avanzar con el proyecto que había enviado a la Cámara de Diputados de la Nación y optó por remitir una nueva iniciativa que fija la edad de imputabilidad en 14 años. La determinación se produjo a un día del dictamen y a dos de la sesión prevista en el recinto.
La iniciativa original propuesta por el Poder Ejecutivo llevaba la edad de imputabilidad penal de 16 a 13 años, marcando un cambio sustancial en el régimen vigente. Sin embargo, esa propuesta —que había sido presentada nuevamente esta semana al Congreso— no logró el respaldo necesario de los bloques aliados, incluso dentro del mismo oficialismo, debido a diferencias sobre ese punto clave.
Ante la falta de consenso, el Gobierno retrotrajo el proyecto y resolvió enviar una versión modificada que incorpora el límite de imputabilidad de 14 años, una postura que ya había sido señalada como más viable por sectores de la oposición en conversaciones previas. La decisión busca asegurar apoyos suficientes para avanzar el debate parlamentario sin frenar el tratamiento del régimen penal juvenil.
La estrategia del Ejecutivo y de legisladores afines será impulsar esa nueva iniciativa en las comisiones legislativas esta semana, con la expectativa de alcanzar un dictamen que permita la discusión en el recinto con mayor margen de respaldo. El rol de los bloques que se habían mostrado reticentes con la edad de 13 años fue central para este replanteo de la propuesta.
Además del cambio en el umbral de imputabilidad, el proyecto contempla aspectos presupuestarios que detallan la asignación de recursos para la implementación del nuevo régimen penal juvenil. Este componente fue considerado clave para atender uno de los principales cuestionamientos surgidos en el debate previo al envío del texto.
El debate en torno a la edad de imputabilidad penal se enmarca en una discusión más amplia sobre la seguridad y la respuesta del Estado frente a delitos cometidos por adolescentes. Aunque el enfoque de fondo del Ejecutivo apunta a modificar la actual regulación, la forma y los límites de esa modificación siguen siendo objeto de intensa negociación parlamentaria.
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