Diputados avanza con el Régimen Penal Juvenil y define cambios clave esta semana
El proyecto ingresó a la Cámara baja, será dictaminado el miércoles y el oficialismo busca votarlo el jueves en el recinto.
El proyecto para crear un nuevo Régimen Penal Juvenil ingresó este lunes a la Cámara de Diputados y quedó a las puertas de una definición clave: este miércoles se dictaminará en un plenario de comisiones y el jueves podría ser tratado en el recinto.
La iniciativa retoma en gran parte el texto que obtuvo dictamen en mayo de 2025, pero incorpora dos cambios centrales. Por un lado, establece partidas presupuestarias específicas para garantizar su aplicación y, por otro, propone reducir la edad de imputabilidad, que el Gobierno fijó en 13 años, aunque el consenso parlamentario apunta a llevarla a 14.
Según el texto, se asignan más de 20 mil millones de pesos a la Defensoría General y más de 3 mil millones al Ministerio de Justicia, con el objetivo de evitar que la ley quede sin financiamiento, como se cuestionaba en versiones anteriores.
El debate también abarca los tipos de delitos alcanzados, las sanciones alternativas a la prisión, los lugares de cumplimiento de las penas y las medidas de resocialización. El proyecto excluye la prisión perpetua y fija un máximo de 15 años de condena para menores, priorizando medidas educativas y sociales para delitos de menor gravedad.
Este miércoles se reunirán las comisiones de Legislación Penal; Familia, Niñez y Adolescencias; Justicia; y Presupuesto y Hacienda para firmar el dictamen. Desde sectores de la oposición advierten sobre un tratamiento acelerado, aunque recuerdan que la iniciativa ya fue ampliamente discutida el año pasado.
El debate se reactivó tras el crimen de Jeremías Monzón, un adolescente de 15 años asesinado por otros menores en Santa Fe, un caso que volvió a instalar la discusión sobre la responsabilidad penal juvenil.
Desde el Gobierno sostienen que el objetivo es terminar con la "puerta giratoria" y que los delitos cometidos por menores tengan consecuencias claras, mientras que la oposición más dura cuestiona la efectividad de endurecer penas y plantea que el problema es estructural y social.