Desvío y lavado de fondos: los fundamentos del fallo del caso Hipperdinger
El Tribunal Oral Federal de Resistencia dio los fundamentos de la sentencia y detalló cómo operaba la estructura que utilizaba cooperativas y empresas vinculadas al entorno familiar del principal acusado para simular obras y canalizar recursos públicos hacia un circuito de extracción, transferencias y adquisición de bienes.
Este miércoles, el Tribunal Oral Federal de Resistencia dio los fundamentos de la sentencia en la causa denominada "Hipperdinger", donde se analizó el accionar de una organización que operó en municipios del interior del Chaco, con eje en Villa Río Bermejito, dedicada al desvío y posterior lavado de recursos estatales.
De acuerdo al fallo, la estructura utilizaba cooperativas, asociaciones civiles y firmas vinculadas al entorno familiar del principal imputado con las que se simulaban obras, servicios y programas sociales que en numerosos casos no se concretaban o presentaban ejecuciones deficientes.
El mecanismo se iniciaba mediante convenios y contrataciones directas con organismos provinciales y nacionales. Esos acuerdos habilitaban transferencias millonarias hacia cooperativas que, según el tribunal, actuaban como fachadas. Desde allí se emitían facturas y rendiciones apócrifas destinadas a respaldar pagos.
Con los fondos ingresados, el dinero era extraído en efectivo, movido entre cuentas relacionadas o destinado a la compra de bienes, vehículos e inmuebles. También se registraron préstamos simulados y operaciones financieras sin sustento, maniobras orientadas a encubrir el origen ilícito de los recursos.
Para el tribunal, José Héctor Hipperdinger fue el organizador del esquema y su principal beneficiario. En su condición de funcionario municipal y referente político, ejercía el control efectivo de las cooperativas, aunque en los papeles figuraran otras personas. Definía el destino del dinero, supervisaba los cobros y disponía de los fondos sin una rendición efectiva.
La sentencia dio por probado que numerosas viviendas sociales se construían en condiciones precarias o directamente no se realizaban, mientras el dinero asignado era desviado. Asimismo, se constató un crecimiento patrimonial considerado injustificado, evidenciado en hoteles, complejos de cabañas, comercios, vehículos de alta gama e inmuebles dentro y fuera del Chaco.
En relación con Héctor Adrián Hipperdinger, hijo del principal implicado, los jueces lo ubicaron como actor central del circuito financiero. Como apoderado de cooperativas, intervino en la firma de convenios, recibió transferencias y facilitó el andamiaje administrativo que otorgaba apariencia de legalidad. Además, la formación jurídica que tenía, señalaron, excluía la posibilidad de desconocimiento de la ilegalidad de los movimientos.
Sobre Rosana Giménez, el fallo indicó que gestionó sociedades comerciales empleadas para absorber y explotar bienes obtenidos con fondos desviados. Se resaltó su intervención en JERKY S.A., empresa que operaba complejos turísticos edificados a partir de prototipos de viviendas sociales, señalados como instrumentos para reciclar dinero ilegal.
El tribunal también concluyó que Silvia Natalia Hipperdinger y Adriana Alejandra Hipperdinger participaron en la fragmentación patrimonial, al figurar como titulares o cotitulares de bienes sin justificación económica, con la finalidad de dispersar activos y dificultar su seguimiento.
También, se atribuyó responsabilidad a Nanci Beatriz Giménez por integrar cooperativas sin actividad real, consideradas piezas necesarias para canalizar transferencias millonarias sin contraprestación.
En cuanto a David Ricardo Lescano, se determinó que colaboró en el circuito comercial y financiero del grupo, contribuyendo a su sostenimiento; en tanto que Rolando Oscar Hipperdinger fue señalado como integrante de la red que amplió y afianzó los negocios que derivaban del desvío de fondos.
Los magistrados destacaron que la organización operaba con funciones distribuidas, falta de controles internos, balances irregulares y simulación de obras, lo que permitió su continuidad durante años.
Para sustentar estas conclusiones se analizaron pericias contables, reportes bancarios, cruces de información financiera, testimonios y documentación obtenida a partir de secuestros en allanamientos, los cuales fueron clave para la reconstrucción del trazado del dinero.
Por otra parte, el fallo también subrayó las consecuencias sociales e institucionales de las maniobras, al involucrar recursos destinados a poblaciones vulnerables que terminaron en manos de un reducido grupo de personas. Ahora, tras la difusión de los fundamentos, el expediente el expediente entra en una fase de posibles apelaciones.