Con nuevo régimen de pensiones, se reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad
El Gobierno nacional reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad y así entró en vigor desde el martes 3. Este paso se dio tras una sentencia judicial que declaró inválida la suspensión de la ley y ordenó su implementación inmediata.
El Poder Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, y entró en vigencia desde el martes 3 de febrero. La norma fue formalizada a través del Decreto 84/2026 y apunta a dar estructura operativa a la Ley 27.793 con criterios claros sobre pensiones y prestaciones para personas con discapacidad.
La decisión oficial responde directamente a una orden del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, que declaró inválido un decreto previo que había suspendido la aplicación de la ley por falta de financiamiento, e impuso la puesta en marcha inmediata de la normativa.
Entre los aspectos centrales de la reglamentación está la definición de los criterios de acceso al nuevo régimen de pensiones no contributivas destinado a personas con discapacidad. Se detallan condiciones de permanencia, incompatibilidades con otros beneficios y procedimientos administrativos, así como mecanismos de control para supervisar su ejecución.
La norma reorganiza institucionalmente la política pública en discapacidad al incorporar la Secretaría Nacional de Discapacidad al organigrama del Ministerio de Salud, con el propósito declarado de centralizar acciones en torno al derecho a la salud y a la protección social de ese colectivo.
La reglamentación ordena a la Secretaría convocar al Consejo Federal de Discapacidad para definir criterios de evaluación socioeconómica y diseñar un plan de auditorías periódicas dentro de 30 días. Además, faculta a la autoridad a emitir normas aclaratorias y complementarias para implementar la ley.
Un punto clave es la conversión automática de las pensiones no contributivas ya otorgadas antes de la entrada en vigor de la reglamentación a la nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, lo que obliga a identificar, relevar y verificar las prestaciones existentes.
La reglamentación también prevé que cualquier medida adicional acordada con el Consejo Federal de Discapacidad se implemente mediante esquemas de cooperación y cofinanciamiento entre el Estado nacional y las provincias, así como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respetando las competencias y disponibilidades presupuestarias de cada jurisdicción.