El STJ dio lugar a amparos referidos a la valoración de postítulos docentes
El máximo órgano judicial de la provincia hizo lugar a dos presentaciones de un grupo de educadores que cuestionaban resoluciones 4095/29-1655, 4496/2025 (y su anexo) y el Decreto 82/2025 que referían a un nuevo criterio de valoración de títulos y postítulos docentes.
El Superior Tribunal de Justicia del Chaco hizo lugar a dos acciones de amparo presentadas en su momento por un grupo de educadores y que referían a un nuevo criterio de valoración de títulos y postítulos docentes. La resolución no se dio por unanimidad entre los ministros del máximo órgano judicial de la provincia.
Las resoluciones cuestionadas son las 4095/29-1655, 4496/2025 (y su anexo) y el Decreto 82/2025 del Ministerio de Educación que introducían un nuevo criterio de valoración de títulos y postítulos docentes. De acuerdo a la presentación, con esas resoluciones se establecía el reconocimiento de un título por año anterior al 2025 "con aplicación retroactiva a situaciones académicas ya consolidadas, realizadas bajo la normativa vigente al momento de cursarlas, la cual no preveía ningún tipo de tope anual".
En ese sentido, las acciones presentadas contaron con el acompañamiento de la mayoría de los jueces. Víctor del Río, Isabel Grillo y Emilia María Valle votaron a favor de ambas medidas; en tanto que Alberto Modi se expresó en contra de los dos planteos y Enrique Varela rechazó uno de ellas.
"Hemos analizado el Decreto 82/2025 y las resoluciones complementarias encontrándolas, finalmente, inconstitucionales. Para así decidir sostuvimos que el justificativo de esos instrumentos, tal como fue explicado en el informe circunstanciado, no logró superar el estándar constitucional de motivación suficiente exigido a todo acto estatal que limita derechos. Es por ello que, concretamente, hemos apuntado: ‘En otras palabras, la Administración no ha demostrado la necesidad de la medida ni su proporcionalidad. Lo que se advierte es una decisión fundada en apreciaciones abstractas, sin vinculación especifica con el funcionamiento del sistema educativo real ni con datos que permitan 9 evaluar si la supuesta inequidad que se pretende corregir existe, en qué medida y por qué la limitación impuesta sería apta para resolverla’", señala la resolución.
Además, con mayoría de votos, el STJ consideró que "el tope anual impone una restricción severa al derecho a la formación continua y a la carrera docente, afectando la valoración de antecedentes legitimamente obtenidos" en contra del régimen estatutario que persigue "la capacitación, la profesionalización progresiva, la mejora permanente de la calidad educativa y el reconocimiento del esfuerzo formativo".
En ese marco, se resolvió hacer lugar a ambas acciones presentadas "declarando la inconstitucionalidad de las Res. 2025-4095-29-1655 de fecha 15/09/2025y2025-4496-29-1655 de fecha 08/10/2025 y el Dec. 82/2025 de fecha 20/01/2025 y la inaplicabilidad de las mismas".