Dictamen judicial aconsejó declarar la arbitrariedad de reinstalar la "cláusula gatillo"
"Las escalas salariales de los empleados públicos solo pueden ser aprobadas o modificadas por ley formal", planteó un dictamen de la Procuración General. La inexistencia de una norma específica es lo que quitaría fuerza al fallo que ordenó restablecer el mecanismo de actualización de sueldos para los docentes.
La Procuración General de la Justicia de Chaco emitió un dictamen que recomienda hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad presentado por el Poder Ejecutivo contra el fallo que ordenó restablecer la cláusula gatillo docente. El documento judicial que está en manos del Superior Tribunal desde los días previos al inicio de la feria, consideró que la sentencia omitió analizar una norma clave y propuso reenviar la causa para un nuevo pronunciamiento.
Esto, además, implicaría un pie de igualdad, ya que hasta el salario de los jueces y funcionarios del Poder Judicial se determina, en nuestra provincia, a partir de una ley específica sancionada por la Legislatura.
El dictamen en cuestión está enmarcado en la causa iniciada por la Federación de Sindicatos de la Educación del Chaco (Federación Sitech) contra el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnologíay la Provincia de Chaco, donde se debate el restablecimiento del mecanismo de actualización salarial conocido como "cláusula gatillo". El pronunciamiento responde al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte demandada contra la sentencia N° 112, dictada el 20 de octubre de 2025 por la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, que había hecho lugar a la acción de amparo promovida por la organización sindical docente.
En su análisis, la Procuración sostuvo que el recurso fue presentado en término, por una parte legitimada y contra una sentencia definitiva, por lo que correspondía ingresar a su tratamiento sustancial. En ese contexto, recordó que la Cámara rechazó la excepción de falta de legitimación activa y ordenó a la Provincia restablecer la cláusula gatillo con ajustes basados en la variación del IPC nacional.
El fallo cuestionado dispuso incrementar el Valor Índice Uno para las remuneraciones docentes correspondientes a julio y octubre de 2025, tomando como referencia la inflación acumulada en los trimestres abril-mayo-junio y julio-agosto-septiembre de ese año, en el marco del Escalafón Docente previsto por la Ley 647-E.
En su momento, la Cámara fundamentó su decisión en varios ejes, entre ellos la tutela reforzada del salario docente establecida en el artículo 87 de la Constitución Provincial, la afectación del poder adquisitivo ante la suspensión del mecanismo de actualización y la reiteración de decretos del Poder Ejecutivo que, desde 2019, habían aplicado la cláusula gatillo de manera trimestral.
Sin embargo, la Procuración advirtió que la sentencia omitió un tratamiento expreso y razonado de un planteo central formulado por la Provincia. Se trata de la aplicación de la Ley N° 724-A, que establece que las escalas salariales de los empleados públicos solo pueden ser aprobadas o modificadas por ley formal.
El dictamen subrayó que no se trata de un argumento accesorio, sino de una cuestión decisiva para determinar si el Poder Judicial puede ordenar el restablecimiento de un mecanismo de actualización salarial sin una norma legal vigente que lo disponga, máxime cuando la propia jurisprudencia del Superior Tribunal reconoce la reserva legislativa en materia salarial.
Por esa omisión, se consideró que la sentencia incurrió en "arbitrariedad" por falta de fundamentación suficiente y aconsejó hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad, reenviar las actuaciones al tribunal de origen y ordenar el dictado de un nuevo fallo que analice integralmente todas las cuestiones planteadas.