Se derogó el régimen para la calificación de películas argentinas y extranjeras
El Gobierno nacional decidió un punto de quiebre para el sistema de clasificación de películas vigente desde el retorno democrático, en 1984. Se disolvió la histórica Comisión Asesora de Exhibiciones Cinematográficas. También se decidió una homologación directa para filmes de otros países.
Durante más de cuatro décadas, el mecanismo de calificación de películas (ATP, +13, +16 y +18) requirió el dictamen obligatorio de una comisión colegiada para poder exhibirse en salas argentinas. Este era un trámite que muchos operadores del sector y cineastas calificaban de burocrático y lento. Esa etapa, sin embargo, quedó atrás, al resolverse una nueva reglamentación. A partir de ahora, la responsabilidad técnica de definición de categorías quedará exclusivamente en manos del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).
El decreto sostiene que la vieja comisión no había demostrado "la eficiencia necesaria" y que su estructura rígida entorpecía la dinámica del sector audiovisual, por lo que el Estado jugará un papel "orientativo" mientras que la responsabilidad sobre el consumo de contenidos por parte de los menores recaerá principalmente en padres y tutores.
Un capítulo clave de la reforma es la homologación automática de calificaciones extranjeras, una decisión pensada en especial para el cine de Hollywood. Dado que alrededor del 65 % de los estrenos en Argentina provienen de Estados Unidos, el Ejecutivo consideró innecesario volver a clasificar películas que ya fueron evaluadas por organismos estandarizados internacionalmente, como la MPAA, lo que agilizará el proceso de exhibición.
No obstante, el INCAA se reserva la facultad de modificar de oficio dichas calificaciones cuando existan "razones de orden público", una cláusula que deja abierta la puerta a eventuales ajustes o revisiones cuando el contenido así lo amerite según criterios locales. La eliminación del viejo régimen y la concentración de competencias en el INCAA representan un cambio significativo en un contexto donde el consumo audiovisual y las tecnologías de distribución han evolucionado aceleradamente desde el año en que se había diseñado la legislación que continuaba vigente.
La nueva normativa entrará en vigor a los 60 días corridos de su publicación, un plazo en el que el sector audiovisual empezará a adaptarse a este régimen que promete mayor agilidad y menor burocracia en la clasificación de películas en salas de cine de todo el país.