Juicios exprés y la sombra de la horca: más de 2.700 muertos en las protestas en Irán
Se intensificaron los juicios "rápidos" contra manifestantes tras dos semanas de protestas. Según entidades internacionales, ya suman 2.571 fallecidos directamente por la represión a los manifestantes. Crece la alarma internacional y las advertencias de Estados Unidos harían escalar la violencia.
La madrugada del 14 de enero marcó otro punto álgido en la crisis que sacude a Irán. El jefe del poder judicial, Gholamhosein Mohseni Ejei, anunció desde Teherán un endurecimiento de los juicios contra manifestantes detenidos en las protestas que comenzaron el 28 de diciembre de 2025. Según la televisión estatal, los procesos serán "rápidos", en un esfuerzo por dirimir cientos de causas bajo cargos que pueden incluir la pena de muerte.
La decisión surge en un contexto de cifras escalofriantes. La agencia de noticias de la organización no gubernamental "Human Rights" también conocida como HRANA, ha verificado 2.403 muertes de manifestantes, 147 vinculadas al gobierno y varias decena de menores, totalizando 2.571 fallecidos desde el inicio de las protestas. El Gobierno por su parte admite únicamente 2.000 muertos, sin desglosar datos por categorías.
Las protestas, originadas por un severo deterioro económico y un colapso del valor de la moneda, se expandieron rápidamente a las 31 provincias del país. Lo que comenzó como disconformidad social se transformó en un movimiento antigubernamental sin precedentes desde la revolución de 1979, con miles de detenidos y cortes prolongados de internet que dificultan una radiografía completa de la situación.
En medio de esta represión, el caso de Erfan Soltani, un joven de 26 años condenado a muerte por "moharebeh" ("guerra contra Dios"), ejemplifica la creciente controversia. Su sentencia fue dictada tras un proceso que, según grupos de derechos humanos, careció de garantías mínimas y conducido en tiempo récord. La misma ha sido programada para su cumplimiento este miércoles, lo que ha desatado fuertes críticas internacionales.
Organizaciones como Amnistía Internacional y el propio Departamento de Estado de Estados Unidos han exigido la suspensión de todas las ejecuciones relacionadas con las protestas. El gobierno iraní, por su parte, califica a los manifestantes como "terroristas" y responsabiliza a potencias extranjeras de instigar la violencia, en una narrativa que legitima su severa respuesta judicial y policial.
La presión internacional no se limita a llamados diplomáticos. Desde Washington, el mismo Donald Trump y altos funcionarios de su Gabinete advirtieron que adoptarán medidas firmes si se ejecutan a detenidos por protestar. En Europa, ministros de relaciones exteriores han descrito la represión como una de las más violentas en la historia reciente de Irán, instando a Teherán a respetar los derechos humanos y a cesar la violencia estatal.
Mientras tanto, en las calles de Teherán y otras ciudades, las huellas de la confrontación son visibles. Vehículos ardiendo, barricadas improvisadas y un ambiente de tensión constante reflejan un país profundamente dividido.