Frenan la reforma tributaria: qué dice el Gobierno de cara al 2026
El Ejecutivo no avanzará este año con una baja generalizada de impuestos y limitará los cambios a medidas puntuales incluidas en la reforma laboral, en un contexto de escaso margen fiscal y presión empresaria por competitividad.
En la Argentina, el sector empresarial inicia 2026 con una señal clara desde el Gobierno: no habrá un alivio tributario amplio este año. Pese a que el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, prometieron avanzar en una reducción de impuestos "en la medida en que el superávit fiscal lo permita", funcionarios del área económica ya anticiparon a ejecutivos que la expectativa de una reforma más agresiva quedó descartada.
El mensaje fue transmitido en reuniones privadas hacia finales de 2025. Según participantes del encuentro, el equipo económico indicó que las empresas deberán atravesar otro ejercicio con una elevada carga fiscal, tanto a nivel nacional como provincial y municipal. Las únicas reducciones concretadas hasta ahora —como las aplicadas sobre el impuesto PAIS, ciertas retenciones al agro y algunos aranceles— no se ampliarán a una reforma estructural durante el año.
La decisión se reflejó también en la iniciativa de reforma laboral enviada al Congreso, que incluye un capítulo tributario con alivios puntuales. De acuerdo con fuentes oficiales, "es todo lo que habrá por el momento debido al escaso margen fiscal". Entre las medidas figuran una baja de Ganancias para sociedades, reducciones de impuestos internos para sectores específicos, la creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) y un nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con el 3% de las contribuciones patronales para cubrir futuras indemnizaciones por empresa.
En el dictamen de mayoría del Senado, legisladores agregaron una cláusula que condiciona la entrada en vigencia de las rebajas a la decisión del ministro Caputo, quien podrá habilitarlas "en función de las posibilidades fiscales", según confirmó Infobae.
A pesar de ese límite, empresarios mantienen conversaciones con distintos bloques parlamentarios. "Será difícil que salgan las rebajas impositivas", dijeron fuentes del sector, y señalaron que la prioridad política parece pasar por aprobar el FAL y un régimen de incentivos para el blanqueo laboral incluido en el proyecto.
En la Unión Industrial Argentina (UIA), presidida por Martín Rappallini, trabajan en una propuesta para que las cargas patronales se tomen a cuenta de IVA, y planean presentar el estudio de costo fiscal a Caputo a comienzos de febrero. Mientras tanto, la entidad monitorea la caída de la actividad industrial y el aumento de costos. "Cuando arranque el año, vamos a volver a la carga con la necesidad de que se bajen impuestos o, si no se puede, que frenen el aumento de las importaciones", afirmó un dirigente fabril.
La inquietud es compartida por otras ramas del sector privado. El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Mario Grinman, señaló que la institución reclamó durante años una baja de la presión tributaria y reconoció que durante la gestión Milei hubo "una reducción progresiva" de algunos gravámenes. No obstante, advirtió: "Este camino necesita profundizarse pero sin comprometer el equilibrio presupuestario". Grinman también alertó sobre el avance de tasas provinciales y municipales que, sostuvo, pueden neutralizar el esfuerzo fiscal de la Nación.
En el agro, la presión impositiva se superpone con la búsqueda de competitividad. Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural Argentina, afirmó: "Una de las formas en que la producción puede recuperar competitividad es bajando impuestos. Nosotros produciendo y siendo eficientes, y los gobiernos bajando los gravámenes". Pino adelantó que seguirá impulsando la eliminación de los derechos de exportación, a los que calificó como "uno de los impuestos más distorsivos".
La visión desde la construcción es más cauta. Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, sostuvo que una reforma laboral "probablemente tendrá algún avance", pero que "sin crecimiento económico no va a haber más empleo". Sobre los impuestos, fue más directo: "Es difícil que el Gobierno siga bajando impuestos porque conspira contra el superávit fiscal y el grueso de la reforma tributaria pasa por las provincias, que deben ajustarse, y no lo veo fácil". Weiss anticipó una "reforma laboral relativamente light" y una reforma tributaria limitada en el corto plazo.
Los especialistas en materia fiscal coinciden en que el margen para reducir gravámenes es estrecho. El tributarista Andrés Edelstein explicó que el Ejecutivo mantiene la facultad de bajar impuestos "siempre que las cuentas fiscales lo permitan", aunque recordó que entre retenciones y el impuesto al cheque se recauda poco más de 2,5% del PBI, contra un objetivo de superávit primario de 1,5% para 2026. Si bien destacó la reducción de retenciones y la eliminación parcial del impuesto PAIS, subrayó que los tributos provinciales y municipales representan un desafío mayor. "Sin un acuerdo amplio que coordine políticas a nivel nacional y subnacional, el escenario será complejo", dijo.
Nadin Argañaraz, del Iaraf, aportó números adicionales: el financiamiento de leyes recientes —como la de Universidades y la Emergencia en Discapacidad— implica medio punto del PBI. "En estas condiciones, el margen fiscal es demasiado bajo para aumentar gastos o bajar impuestos de manera significativa", afirmó.