Conmoción Exterior en Venezuela: el decreto que autoriza a capturar ciudadanos
El Gobierno chavista declaró el Estado de Conmoción Exterior en todo el país y habilitó medidas excepcionales de seguridad, entre ellas la búsqueda y captura de personas señaladas por promover o apoyar una presunta agresión externa.
La presidente interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró este lunes el Estado de Conmoción Exterior en todo el país, luego de denunciar una presunta "agresión armada por parte de Estados Unidos". La medida quedó formalizada a través del Decreto N° 5.200, firmado el sábado por el exdictador Nicolás Maduro antes de su detención y refrendado por su gabinete.
El decreto, publicado en la Gaceta Oficial, habilita la aplicación de medidas excepcionales en materia de seguridad, economía, política y organización social. El texto justifica la decisión en un escenario que el chavismo define como de "hostilidad externa sin precedentes" y sostiene que el ataque denunciado constituye una "grave violación de la integridad territorial, soberanía e independencia de la Nación", en infracción al Derecho Internacional y al artículo 2, numeral 4, de la Carta de las Naciones Unidas.
La declaración se apoya en los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución venezolana y en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción. Entre sus primeras consecuencias se encuentra la movilización inmediata de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la orden de emplear "todo el potencial existente como poder nacional" para enfrentar la supuesta intervención extranjera.
Uno de los puntos más controvertidos del decreto es la habilitación de mecanismos de búsqueda y captura de personas señaladas por promover o respaldar el ataque. "Los órganos de policía nacionales, estadales y municipales deberán emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos de América contra el territorio de la República (…) con miras a su juzgamiento", establece el texto, que ordena además la puesta de los detenidos a disposición del Ministerio Público y del sistema penal.
La norma también dispone la militarización transitoria de servicios públicos estratégicos, la industria petrolera y las industrias básicas, incorporando a sus trabajadores de manera temporal al régimen militar. A esto se suma el refuerzo del control de fronteras terrestres, aéreas y marítimas, y la facultad del Ejecutivo para dictar cualquier medida política, administrativa, económica o social que considere necesaria para "restablecer la normalidad".
Entre las atribuciones excepcionales figuran la requisición de bienes esenciales para la defensa nacional, la restricción o suspensión del ingreso al país, el cierre de fronteras, limitaciones al libre tránsito y la suspensión de reuniones y manifestaciones públicas. El decreto aclara que "toda medida dictada con base en esta declaratoria (…) deberá ser proporcional a la situación que se quiere afrontar en lo que respecta a gravedad, naturaleza y ámbito de aplicación".
El Estado de Conmoción Exterior tendrá una vigencia inicial de 90 días, con posibilidad de una prórroga por igual período. Desde su entrada en vigor, quedan suspendidas las normas legales incompatibles con el decreto, que será remitido a la Asamblea Nacional y al Tribunal Supremo de Justicia para su control. Finalmente, el texto convoca a la población a colaborar "en unión cívico-militar-policial, por la paz del país, nuestra independencia, nuestra soberanía y el derecho al desarrollo".