Herlein: "El Estado no debía subvencionar una fundación con tantas irregularidades"
El fiscal de Estado valoró la sentencia judicial de la Cámara de Apelaciones que "puso en resguardo los recursos públicos", en el conflicto entre el Ministerio de Educación y la Fundación Valdocco. "La sentencia fue sólida y con fundamentos minuciosos de todos los elementos aportados", remarcó.
El fiscal de Estado, Alejandro Herlein, afirmó que la sentencia dictada el lunes por la Cámara de Apelaciones Multifueros representa "una resolución determinante para el Estado chaqueño en el conflicto que mantiene con la Fundación Valdocco". Destacó que así se revocó la determinación en primera instancia del Juzgado Civil y Comercial N°21 que había ordenado a la provincia continuar con el funcionamiento de la institución y afrontar el pago de los salarios docentes. El fallo dado a conocer el lunes 5 fue firmado por los jueces Natalia Kuray, Diego Derewicki y Sebastián Cóceres.
En una entrevista con Diario Chaco , Herlein detalló que "el fallo tiene dos efectos centrales. Por un lado, deja sin efecto la obligación impuesta al Estado de sostener económicamente a la fundación. Por otro, ratifica el accionar estatal a través del Ministerio de Educación, al reconocer la legitimidad y legalidad de las decisiones administrativas adoptadas por la ministra de Educación, máxima autoridad de la cartera, en relación con la clausura del establecimiento y la suspensión del pago de haberes".
El fiscal subrayó que esas medidas se adoptaron a partir de múltiples irregularidades detectadas en el funcionamiento de la fundación, las cuales fueron debidamente incorporadas al expediente para que los jueces las analizaran. En ese marco, destacó que la Cámara fue contundente al señalar que la documentación presentada por la institución era insuficiente e incompleta.
Según explicó Herlein, el Estado chaqueño intimó en reiteradas oportunidades a la Fundación Valdocco para que cumplimentara la documentación necesaria que acreditara la regularidad y legalidad de su funcionamiento. Sin embargo, remarcó que esos requisitos formales, administrativos y legales, exigidos a cualquier institución educativa, no fueron cumplidos.
Además, indicó que la sentencia "incorpora un enfoque integral al poner el acento no sólo en la cuestión educativa, sino también en el resguardo de los niños que formaban parte del proyecto educativo". En ese sentido, sostuvo que "el fallo descarta que se trate de una discusión meramente política, como se intentó instalar, y valora la intervención de otros organismos, como la asesoría de menores. El Estado chaqueño adoptó medidas no sólo para proteger a los niños, sino también para garantizar su continuidad educativa, un aspecto que consideró central para su desarrollo. La sentencia de la Cámara justamente reconoce ese accionar y amplía la mirada sobre la responsabilidad estatal en estos casos".
Otro punto clave que resaltó el fiscal fue el encuadre jurídico del conflicto. Señaló que "la Cámara coincidió con la postura que manifestamos desde la Fiscalía de Estado al entender que no existía un conflicto colectivo con la comunidad Wichí, sino un conflicto individual entre una institución privada y el Estado provincial. En ese marco, aclaró que "la fundación no estaba legitimada para representar los intereses de la comunidad indígena como sí se había encuadrado la sentencia de primera instancia. Este criterio que fue corregido por la Cámara y es muy valioso porque este error de encuadre no era menor, ya que la normativa aplicable es distinta y condiciona el margen de actuación del Estado. Quedó protegido además el rol y la responsabilidad que el Ministerio de Educación tiene sobre las instituciones y la obligación de intervenir cuando se detectan irregularidades".
Desde esa perspectiva, Herlein sostuvo que "el fallo también pone en resguardo los recursos públicos que se destinaban a la subvención de la fundación y ratifica los principios que deben regir para que un sector privado pueda administrar una institución educativa" . Consultado sobre una eventual apelación ante el Superior Tribunal de Justicia, el fiscal afirmó: "Lo más importante es que tras esta sentencia que tiene fundamentos muy sólidos, la provincia no está obligada a sostener a la fundación ni a abonar salarios. Además que se encuentran plenamente vigentes los actos dictados por la ministra de Educación. Si se da una nueva apelación, esta Fiscalía sostendrá los mismos argumentos ya planteados".
El fiscal recordó además que "eran alrededor de 80 docentes los que figuraban en la nómina salarial y que se encontraban en situación irregular según surge de la sentencia, pues sólo se presentó documentación incompleta correspondiente a siete personas. Este dato confirma la magnitud de las irregularidades denunciadas en su momento por el Estado" .
Finalmente, valoró que además "recordó que la ministra de Educación y el secretario coordinador de Gabinete realizaron una denuncia penal por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos. Esto fue mencionado y valorado por la Cámara como un elemento adicional de prueba. Por eso, insisto, creo que se dio una sentencia sólida, con fundamentos minuciosos de todos los elementos aportados y que, al fin y al cabo se hizo justicia", destacando su satisfacción por el trabajo realizado.