La Justicia dejó sin efecto el protocolo antipiquetes: el Gobierno anunció que apelará
El juez federal Martín Cormick consideró que la medida del Ministerio de Seguridad tiene vicios legales y avanza sobre facultades del Congreso. Desde el Ejecutivo ratificaron que defenderán el protocolo y llevarán el fallo a una instancia superior.
El juez federal Martín Cormick dejó sin efecto la resolución del Ministerio de Seguridad que había establecido el denominado protocolo antipiquetes, el marco de actuación de las fuerzas federales ante manifestaciones sociales y cortes de calle impulsado durante la gestión de Patricia Bullrich y sostenido por la actual ministra, Alejandra Monteoliva.
La decisión fue adoptada este lunes por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, que hizo lugar a una acción de amparo y consideró que el protocolo presenta vicios en su conformación legal. En el fallo, Cormick sostuvo que el Poder Ejecutivo se atribuyó facultades que la Constitución Nacional reserva de manera exclusiva al Congreso, lo que implica una afectación a la división de poderes.
El magistrado también señaló que las personas que se consideren perjudicadas por la aplicación del protocolo podrán recurrir a la Justicia penal de forma individual. En ese sentido, precisó que quienes hayan sufrido actos por parte de las fuerzas policiales o de seguridad en el marco de las instrucciones impartidas por la Resolución 943/23 deberán efectuar las denuncias correspondientes conforme a las competencias legales vigentes.
Se trata del segundo revés judicial para el Gobierno en pocos días. La semana pasada, el mismo juez había ordenado la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, que —al igual que la declaración de la Emergencia en Discapacidad— permanece suspendida pese a haber sido aprobada por el Congreso.
Tras conocerse la resolución, el Gobierno nacional adelantó que apelará el fallo. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, lo expresó a través de un mensaje publicado en sus redes sociales: "Sin protocolo no hay orden, hay caos". En el mismo posteo, afirmó que la medida judicial "responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina".
Monteoliva remarcó además que el Ejecutivo no dará marcha atrás y defendió la validez del protocolo, al asegurar que cuenta con fundamentos técnicos, jurídicos y operativos. "Vamos a defenderlo a toda costa porque es la herramienta que le devolvió orden y tranquilidad a los argentinos que quieren vivir en paz", sostuvo.
En la misma línea se pronunció el Ministerio de Seguridad de la Nación a través de sus canales oficiales, donde confirmó que la decisión judicial será apelada y reafirmó su postura: "Ni un paso atrás contra los que quieren que regrese el caos y el desorden. El Protocolo es legítimo y se cumple. En esta Argentina, ley y orden".