Inocencia Fiscal: qué propone la ley que podría sancionar el Senado
La ley de Inocencia fiscal propuesta por el Poder Ejecutivo se discutirá este viernes en el Senado y podría ser convertida en ley.
La ley de Inocencia Fiscal impulsada por el Poder Ejecutivo será debatida este viernes en el Senado de la Nación y podría quedar sancionada si reúne los votos necesarios. La iniciativa forma parte del paquete de reformas que el Gobierno busca mostrar al mercado y propone cambios profundos en el sistema tributario y penal.
El proyecto introduce modificaciones al Régimen Penal Tributario (Ley 24.769), a la Ley de Procedimientos Fiscales (Ley 11.683) y al Código Civil y Comercial de la Nación. Además, crea un Régimen de Declaración Jurada Simplificada y un nuevo "Régimen simplificado de Ganancias".
Según el texto, los contribuyentes que adhieran a este régimen quedarán "blindados para siempre", de acuerdo con la explicación oficial. La adhesión estará habilitada para personas con un patrimonio de hasta 10.000 millones de pesos y les permitirá no informar variaciones patrimoniales ni detallar los consumos realizados.
En la práctica, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) solo cobrará el impuesto a las Ganancias sobre los ingresos efectivamente facturados. El eventual crecimiento patrimonial no será objeto de control y, sobre esa base imponible, se deducirán los consumos declarados.
El artículo 39 del proyecto establece el "efecto liberatorio del pago", siempre que el contribuyente acepte el contenido de la declaración jurada propuesta por ARCA y abone el monto correspondiente en término, salvo que se hayan omitido ingresos.
En materia penal, la iniciativa eleva de manera significativa los montos a partir de los cuales se considera configurado un delito tributario. Para la evasión simple, el piso pasa de 1,5 millones de pesos a 100 millones, mientras que la evasión agravada solo se investigará cuando el monto supere los 1.000 millones de pesos, muy por encima del umbral vigente de 15 millones.
Otro de los cambios relevantes es la reducción del plazo de prescripción de las obligaciones tributarias, que pasará de cinco a tres años. En ese marco, ARCA no iniciará acciones penales si el contribuyente cancela la deuda y los intereses correspondientes, aunque este beneficio solo podrá utilizarse una vez.
En los casos en que la denuncia aún no haya sido radicada, la acción penal quedará extinguida si el contribuyente paga las obligaciones adeudadas más un adicional del 50%, dentro de los 30 días hábiles desde la notificación de la imputación.
Si bien el proyecto apunta a un relajamiento de los controles fiscales, también prevé un endurecimiento de las sanciones económicas para quienes presenten declaraciones juradas fuera de término, con el objetivo —según el Gobierno— de incentivar el cumplimiento voluntario del sistema.