Tierra del Fuego pidió $ 20.000 millones a empresas para poder pagar el aguinaldo
El gobernador Gustavo Melella solicitó a grandes firmas un adelanto impositivo para cubrir el medio aguinaldo de 16.000 estatales.
La delicada situación financiera de Tierra del Fuego sumó en los últimos días un episodio inédito: el gobernador Gustavo Melella pidió a grandes empresas del polo industrial un adelanto de impuestos para poder afrontar el pago del medio aguinaldo de los empleados públicos provinciales. En total, el Ejecutivo solicitó $20.000 millones con el objetivo de cumplir con ese compromiso salarial en una sola cuota.
El pedido se dio en un contexto de fuerte crisis del sector electrónico, marcado por la caída del consumo, la reducción de aranceles y la inminente finalización de un acuerdo laboral clave que pone en riesgo cerca de 1.000 contratos temporarios. Este escenario será abordado este viernes al mediodía en una reunión entre empresarios, sindicatos y el gobierno provincial.
Según trascendió, el Ministerio de Economía fueguino solicitó el dinero en concepto de anticipo de la Tasa de Verificación de Procesos Productivos, un tributo que las empresas pagan mensualmente en función del valor de salida de los bienes producidos en la isla. En el caso de las firmas electrónicas, la alícuota ronda el 1,8%.
El pedido se dividió en dos partes. Por un lado, el gobierno envió una carta a la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte) en la que solicitó un adelanto de $15.000 millones. En la nota, dirigida a la directora ejecutiva de la entidad, Ana Vainman, Melella pidió evaluar la posibilidad de anticipar ese monto, aclarando que sería tomado a cuenta de los pagos de los meses siguientes.
En paralelo, fuentes provinciales confirmaron que se solicitaron otros $5.000 millones a la petrolera Total Energies. Hasta el momento, ninguna de las compañías dio una respuesta formal. La intención del Ejecutivo es pagar el aguinaldo entre el 22 y el 23 de este mes, mientras avanza en gestiones para obtener un crédito con el banco fueguino.
Desde el gobierno explicaron que el anticipo permitiría garantizar el pago del sueldo anual complementario a los 16.000 empleados estatales, en un contexto de fuerte restricción de fondos nacionales y con un déficit estimado al cierre del ejercicio similar al monto solicitado. El pedido generó polémica y se conoció poco después de que la provincia denunciara la falta de transferencias nacionales por Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
"Fuimos una provincia castigada por el Gobierno. En dos años no recibimos ATN", señalaron fuentes del Ejecutivo, que también denunciaron la falta de envío de partidas comprometidas para viviendas e infraestructura, la negativa a autorizar procesos de endeudamiento y una deuda de unos $800 millones por parte de Vialidad Nacional.
A la caída de transferencias se suma una menor recaudación propia. A diferencia de otras provincias, Tierra del Fuego no percibe impuestos inmobiliarios ni automotores, que quedan en manos de los municipios, y tampoco incrementó Ingresos Brutos. Además, frente a la baja de la actividad industrial, sancionó en 2024 una norma para reducir progresivamente el impacto de la tasa de verificación según el nivel de inversiones.
En los últimos meses, las electrónicas aportaron alrededor de $6.000 millones mensuales por este concepto, por lo que el pedido implicó un adelanto equivalente a dos cuotas y media. La falta de respuestas uniformes refleja las tensiones existentes entre el sector privado y el gobierno.
El reclamo financiero convive con un escenario laboral crítico. El acuerdo entre la UOM y Afarte para sostener el empleo vence a fin de año y su continuidad es incierta. El secretario general de la UOM Río Grande, Oscar Martínez, advirtió que entre 800 y 1.000 contratos dependen de una prórroga o de nuevas condiciones industriales para 2026, en un contexto de sobrestock, ventas bajas y consumo estancado.
Desde el sector empresario reconocen la presión que implica el vencimiento del acuerdo y admiten ajustes en las plantillas por la retracción productiva y el aumento de importaciones. Si bien el sector mantiene unos 4.000 operarios efectivos, la combinación de apertura comercial, debate por la reforma laboral y exigencias fiscales profundizó la preocupación.
La ministra de Trabajo provincial, Sonia Castiglione, convocó a una mesa de diálogo para este viernes, con la participación de empresarios y sindicatos. En ese marco, el pedido del gobierno para adelantar impuestos terminó de exacerbar un clima de tensión que atraviesa tanto a la industria como a las finanzas de la provincia.
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