Piqueteros VIP: lujos, millones y un esquema de desvío de fondos públicos

Una causa federal por presunto lavado de activos dejó al descubierto un complejo esquema de desvío de fondos públicos, encabezado por los dirigentes piqueteros Marcos Cáceres, Lucas Torales, Juan Carlos Rolón y Diego Rolón. La Justicia los acusa de haber utilizado estructuras creadas con fines sociales para apropiarse de recursos estatales y construir un patrimonio personal de gran magnitud. Tres se encuentran procesados con prisión preventiva y a la espera del juicio oral. Diferente es el caso de Diego Rolón, quien en diciembre recibió el beneficio de prisión domiciliaria.

El expediente que involucra a Cáceres y a los hermanos Rolón comenzó de manera inusual: una denuncia anónima, presentada en un sobre de papel madera, fue deslizada bajo la puerta de la Fiscalía Federal, a cargo de Patricio Sabadini. En el caso de Lucas Torales, el disparador fue distinto: su "ostentación patrimonial", marcada por viajes al exterior y la compra de un inmueble para su pareja, encendió las alertas judiciales.

En ese marco, según la hipótesis fiscal, los acusados habrían incorporado al circuito legal fondos de origen ilícito, presuntamente obtenidos mediante maniobras fraudulentas contra la administración pública provincial. Ese dinero habría servido para sostener un crecimiento patrimonial, sin correlato en los ingresos declarados.

Las operaciones investigadas por la fiscalía tenían como eje una red de fundaciones y cooperativas. Aunque formalmente constituidas para ejecutar políticas sociales, estas entidades habrían funcionado como engranajes para recibir, canalizar y blanquear fondos del Estado, que luego terminaban en manos de los dirigentes.

EL PAPEL DEL IAFEP

La investigación ubicó al Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP) como el principal origen de los recursos. Desde el organismo se giraron sumas millonarias para programas vinculados a viviendas, veredas, saneamiento ambiental y tareas de limpieza.

En ese contexto, las organizaciones lideradas por Marcos Cáceres recibieron más de 220 millones de pesos entre 2022 y 2023, con un dato clave: el 93% de ese dinero provino del IAFEP. Los investigadores detectaron que muchas obras no se concretaban, se simulaban con fotografías falsificadas, quedaban a medio hacer o se ejecutaban con estándares muy por debajo de lo pactado. Sin embargo, una vez acreditados los pagos, se registraban extracciones en efectivo por montos cercanos a la totalidad de lo recibido.

OPERATIVOS, ARRESTOS E INDAGATORIAS

Todo salió a la luz el primer día de abril de 2025. Fue un martes, cuando se desplegó un amplio operativo de seguridad, con 22 allanamientos simultáneos, cuyos resultados permitieron a la Policía del Chaco detener a los cuatro principales imputados. Durante los procedimientos, además, se avanzó con el secuestro de más de 30 vehículos, propiedades de alto valor y dinero en efectivo. En la vivienda de Cáceres, los agentes hallaron más de 9,3 millones de pesos.

Luego de las capturas, los acusados fueron citados a declarar. Solo Diego Rolón optó por hacerlo e intentó explicar su patrimonio con argumentos que la causa consideró frágiles: dijo haber construido una piscina con "sobrantes de obras" y "canastos de soda de hierro" como base, y sostuvo que su padre había comprado ganado con dinero proveniente de la recolección y venta de cartón. Cáceres, Torales y Juan Carlos Rolón continuaron en silencio.

PROCESAMIENTO Y EMBARGOS

Ya hacia fines de abril, el 23, la jueza federal Zunilda Niremperger, titular del Juzgado Federal Nº 1 de Resistencia, dictó el procesamiento con prisión preventiva de los cuatro por lavado de activos agravado. Todos fueron trasladados a la Unidad Penitenciaria Federal U7.

La resolución incluyó embargos por cifras millonarias sobre los bienes de los imputados, de algunos familiares y de las fundaciones. En el caso de Diego Rolón, el embargo alcanzó casi 400 millones de pesos.

CAMINO AL JUICIO Y REUTILIZACIÓN DE BIENES

Durante los meses de agosto y septiembre, el fiscal, Sabadini dio por cerrada la etapa de instrucción y solicitó la elevación a juicio oral para Marcos Cáceres, Lucas Torales y Diego Rolón, junto a familiares señalados como presuntos testaferros.

En paralelo, el Gobierno provincial decidió dar un nuevo destino a parte de los bienes recuperados. En octubre de 2025, el gobernador, Leandro Zdero anunció que seis inmuebles pasarán a cumplir funciones públicas, entre ellas una futura comisaría, una base de bomberos, oficinas policiales, un depósito judicial y áreas logísticas del Servicio Penitenciario Provincial.

Los destinos específicos de estos bienes recuperados son:

• Quincho "Las 4 Hermanas" (propiedad de Diego Rolón) será la futura Comisaría 15ª para la Zona Sur de Resistencia.
• Quincho "La Ilusión" (propiedad de Marcos Cáceres) funcionará como sede de la Oficina de Delitos Económicos de la Policía.
• Un inmueble de la Fundación Soplando Vidas será empleada como la base para los bomberos de la División Zona Sur.
• Un Galpón de la Cooperativa Central Progreso será convertido en un depósito judicial.
• Otro inmueble recuperado se destinará al departamento de logística del Servicio Penitenciario Provincial.

Ya en diciembre, la Justicia otorgó prisión domiciliaria a Diego Rolón. El beneficio fue concedido ante un pedido de su defensa, fundamentado en la necesidad de resguardar la integridad física y emocional de sus hijas menores de edad. En ese sentido, aunque un informe socio ambiental indicó que las niñas no estaban "en estado de indefensión y abandono", también mencionó que la red de contención familiar "funciona con sobrecarga".

El Tribunal otorgó la prisión domiciliaria tras considerar que la presencia del padre "en el hogar resulta idónea para recomponer el equilibrio familiar". Rolón debe cumplir reglas de conducta estrictas, entre ellas la obligación de utilizar tobillera electrónica y la prohibición de ausentarse del inmueble o realizar reuniones festivas.

Con la instrucción concluida, ahora resta que el tribunal fije la fecha del juicio oral, instancia en la que se definirá la culpabilidad o no de los acusados.