Emergencia en Discapacidad: el Gobierno apeló el fallo que le ordenó ejecutar la ley
El recurso fue presentado por la Procuración del Tesoro contra la sentencia del juez federal de Campana, Adrián González Charvay.
El Gobierno nacional presentó un recurso de apelación contra el fallo del juez federal de Campana, Adrián González Charvay que declaró inválido un artículo del decreto presidencial que había frenado la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y dispuso que la norma se ejecute de manera inmediata en todo el territorio nacional.
La apelación fue interpuesta por la Procuración del Tesoro de la Nación, que argumentó que la resolución judicial "causa agravio al Estado Nacional". Así, el escrito fue firmado por el procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, con el patrocinio del subprocurador Julio Comadira.
El magistrado concedió el recurso "con efecto devolutivo", por lo que la sentencia continuará vigente mientras el expediente es analizado por la Cámara Federal de San Martín. Asimismo, fijó un plazo de cinco días para que el Estado fundamente formalmente su planteo.
La decisión judicial y su apelación se producen en un contexto de disputa política en el Congreso. En la última sesión, la oposición logró rechazar el capítulo del Presupuesto que preveía la derogación definitiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada el año pasado. Pese a ese resultado, el oficialismo busca revertir la votación en el Senado y volver a impulsar el proyecto en la Cámara de Diputados.
LA RESOLUCIÓN JUDICIAL
En el fallo dictado el 12 de diciembre, González Charvay declaró la invalidez del artículo 2 del decreto 681/2025, que había suspendido la ejecución de la ley bajo el argumento de que no existían partidas presupuestarias asignadas. En ese marco, ordenó su "inmediata aplicación" y advirtió que la medida del Ejecutivo afectaba el sistema republicano.
El conflicto se originó luego de que el Poder Ejecutivo, tras el rechazo del veto presidencial por parte del Congreso, promulgara la ley pero dispusiera su suspensión al amparo de la Ley de Ejecución Presupuestaria, que establece que toda norma que implique gastos debe prever su financiamiento.
En esa misma línea, el juez sostuvo que la cláusula suspensiva "resulta ser inválida a todos sus efectos, ya que violenta de manera objetiva y directa el mandato constitucional", al subordinar una decisión del Poder Legislativo a una norma de jerarquía inferior.
Además, cuestionó el argumento presupuestario del Gobierno y lo calificó como engañoso, al señalar que la propia Ley de Emergencia faculta al Jefe de Gabinete a reasignar partidas. En ese sentido, afirmó que se trataba de un "argumento falaz cuya falsía queda evidenciada en la simple lectura" del texto legal, que otorgaba las herramientas necesarias para afrontar los gastos derivados de su aplicación.