El Gobierno intimó a la AFA y a la Liga a explicar balances por más de US$ 450 millones
La IGJ, bajo la órbita del Ministerio de Justicia, exigirá documentación que respalde gastos e inversiones millonarias y advirtió sobre posibles sanciones.
El Gobierno nacional anunció que intimará a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la Liga Profesional de Fútbol para que brinden explicaciones detalladas sobre sus balances contables y financieros. La medida será impulsada por el Ministerio de Justicia, a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), y se enmarca en una nueva ofensiva contra la conducción que encabeza Claudio "Chiqui" Tapia.
Según se informó oficialmente, el requerimiento apunta a que ambas entidades presenten documentación que respalde gastos e inversiones por montos superiores a los USD 111.000.000 en el caso de la AFA y más de USD 340.000.000 en el de la Liga Profesional.
En el comunicado difundido por el Gobierno se indicó que "se intimará a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la Superliga del Fútbol Argentino a brindar explicaciones sobre las cifras contenidas en sus estados contables y financieros, y responder todas las preguntas respecto a las observaciones realizadas, así como se le exige a todas las personas jurídicas privadas registradas, sin excepciones".
Desde la cartera de Justicia remarcaron que la IGJ exigirá a la AFA documentación vinculada a gastos e inversiones relacionadas con actividades que no estarían contempladas en sus estatutos sociales. En ese sentido, recordaron que la entidad madre del fútbol argentino es una asociación civil sin fines de lucro.
"El compromiso es con la igualdad ante la ley. Nadie está por encima de la ley ni tiene privilegios", subrayaron desde el Gobierno, al tiempo que aclararon que tanto la AFA como la Liga Profesional deben cumplir con los mismos requisitos que cualquier asociación o fundación registrada ante la IGJ.
Finalmente, advirtieron que la falta de respuesta o el incumplimiento de los requerimientos dentro de los plazos establecidos podría derivar en sanciones económicas severas, que alcanzarían no solo a las entidades involucradas sino también a sus directivos.
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